La vicepresidenta Mónica Oltra (centro), junto a otros miembros del Consell, entre ellos la consellera Gabriela Bravo (dcha).
Comunidad Valenciana
La consellera de Justicia señala la puerta de salida a Mónica Oltra por su posible imputación
Gabriela Bravo ha sido la primera del propio gobierno valenciano en desmarcarse del blindaje a la vicepresidenta
Las claves del caso por el que el juez ha pedido la imputación de Oltra al TSJCV
Ya no es que la oposición pida la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, después de que el juez haya pedido su imputación por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Ahora también los 'consejos' de retirada le llegan desde el propio gobierno valenciano del que forma parte. Concretamente, de la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, del PSOE, y compañera del presidente Ximo Puig, quien en una entrevista este martes en Cadena Cope se ha desmarcado del blindaje que hasta ahora había en el tripartito valenciano del Botànic para defender a la líder de Compromís alegando su «confianza» en ella.
«Yo desde luego en una situación, más allá de responsabilidades penales, en la que pudiera comprometer la credibilidad de la institución a la que represento, me lo plantearía», ha apuntado Bravo al ser preguntada por si Oltra debería dimitir. Si bien es cierto que la relación entre Oltra y Bravo es vox populi que no es la mejor, las declaraciones de la socialista han sorprendido a todos.
La consellera ha explicado que primero habrá que esperar a ver si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputa a Oltra, aunque tampoco ha desaprovechado la ocasión para lamentar que «en este país tengamos que esperar a las sentencias condenatorias» para dimitir de los cargos en referencia a la escasa «cultura de dimisiones». Bravo considera que el futuro de Oltra al frente del Consell es «complicado» porque «estamos hablando de una menor bajo la tutela de Generalitat» y hay «tres sentencias que en los hechos probados no dejan bien parada a la Administración», ha recordado.
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