De izquierda a derecha, el presidente valenciano, Ximo Puig; la vicepresidenta, Aitana Mas, y el vicepresidente segundo, Héctor Illueca
Comunidad Valenciana El tripartito valenciano se lanza órdagos ante un posible adelanto electoral
La tensión interna ha llevado a Ximo Puig a aprobar ya los requisitos de las papeletas y sobres electorales
Más de tres meses llevaba el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, sin someterse a una sesión de control en el parlamento regional. Ayer, por fin, volvió a hacerlo. Sin embargo, lejos de responder con datos y cifras a las peticiones que le realizaron Partido Popular, Ciudadanos y Vox sobre diferentes asuntos, el socialista utilizó la sesión de control para mandar un claro mensaje a Compromís y Podem, sus socios de coalición.
Todo viene a cuenta de la redacción de los Presupuestos de la Generalitat. Ante este proceso, las dos formaciones a la izquierda del PSPV-PSOE siguen presionando a Puig para que incorpore una partida de 1.336 millones de euros. Esta sería en concepto de transferencias desde la Administración central en base a lo que le tocaría percibir a la Región con modelo de financiación autonómica distinto al actual que actuara sobre otros criterios.
Este montante viene siendo incluido en las sucesivas cuentas públicas que ha sacado adelante el tripartito de izquierdas valenciano, si bien es cierto que no contaba con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, puesto que no está previsto que el cambio en el reparto regional de fondos se vaya a cambiar en el corto plazo.
En esta ocasión, sin embargo, el consejero del ramo, Arcadi España, es más reticente que otras veces a que esa partida figure en los Presupuestos. Este extremo aún mantiene enojados a nacionalistas y comunistas, que exigen al presidente que incluya los 1.336 millones para, así, poder gastar más, aspecto nada desdeñable cuando se entra en un año con elecciones municipales, autonómicas y generales.
Los socios de Puig tensan la cuerda
El choque entre los socialistas y sus aliados ha avivado el fantasma de un adelanto electoral en la Comunidad Valenciana, puesto que Compromís y Podem están tensando tanto la cuerda que podría derivar en que las cuentas no se aprobasen y se tuvieran que prorrogar. Si esto se produjera, no sería descartable que desembocase en una ruptura del Ejecutivo valenciano o, si no, en una ‘guerra fría’ entre socios hasta la disolución del Parlamento en marzo.
Esa presión interna se la ha devuelto Puig a sus compañeros de Gabinete por partida doble y en tan solo 48 horas. Así, este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat, equivalente al BOE, publicó la orden con los requisitos para las papeletas y sobres electorales.
Este hecho no pasaría de ser una mera anécdota si no fuera porque se produce a siete meses de la fecha prevista para los comicios, cuando en 2015 fue con tres meses de antelación y en 2019 tan solo con uno.
Con ello, Puig querría estar mandando un mensajes a sus socios de Gobierno, dejándoles claro que él es el único con competencias para decidir cuándo son las elecciones y que, desde este preciso instante, puede pulsar el 'botón rojo' en cualquier momento. De hecho, la consejera de Interior, Gabriela Bravo, justificó la prontitud de este movimiento «ante los posibles cambios que puedan producirse en materia electoral».
La segunda advertencia de Puig viene precedida del anuncio de bajada de impuestos que él mismo realizó a finales de septiembre. Reducir el IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros, además de una serie de bonificaciones y deducciones fiscales, no resultó ser del agrado de Compromís y Podem. Como consecuencia, las reuniones entre las tres formaciones se han venido sucediendo no sin tensión con el objetivo de consensuar el calado final de la reforma impositiva.
En la mencionada sesión de control tras tres meses, la popular María José Catalá le preguntó al presidente valenciano por los detalles de ese paquete de medidas. En su respuesta, Puig no concretó el alcance de la reforma pero sí se afanó en que quedase claro que se aprobaría sí o sí el próximo lunes en un pleno extraordinario del Gobierno.
Más que querer resolver las dudas de Catalá, la intención de Puig habría sido la de meter presión a sus aliados, marcando él los tiempos y poniendo una fecha límite para llevar a cabo su proyecto de baja de impuestos y tasas, con o sin acuerdo en el seno del tripartito.
Con todo, el presidente es consciente de la inestabilidad de su Gabinete que, lejos de ser creciente, amenaza con ser insoportable. Sin embargo, Puig ha querido que sus socios vieran públicamente que él tiene la posición de fuerza, esa que le permite, tal como hizo en 2019, disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones cuando lo considere más ventajoso para sus intereses.
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