04 de febrero de 2023

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (izq.), junto a Héctor Illueca y Aitana Mas en las Cortes regionales.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (izq.), junto a Héctor Illueca y Aitana Mas, en las Cortes regionalesManuel Bruque / EFE

Comunidad Valenciana  El Gobierno valenciano, más dividido que nunca por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

El tripartito se resquebraja: los socialistas piden reformar la norma, Compromís se muestra equidistante y Podemos carga contra los jueces

La sentencia atribuida a Heráclito de que lo «único que no cambia es el cambio» ha quedado totalmente desfasada. Este hecho se ha producido no por un descubrimiento científico, sino político llamado tripartito valenciano. En base a él, lo único que no cambia es que en su seno haya, al menos, una sonora bronca por semana. Es matemático.
La última ha sido a cuenta de la puesta en marcha de la conocida como ley del 'solo sí es sí' de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha provocado que en cuestión de días se estén sucediendo salidas de las cárceles y rebajas de condenas a reos por agresiones y abusos sexuales.
Este asunto, que está teniendo un gran impacto a nivel nacional, ha saltado a la arena política de la Comunidad Valenciana, provocando la enésima bronca entre los socios de Gobierno, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.
Sin embargo, en esta ocasión, la división está siendo más grave. Si en anteriores veces las polémicas partían el Ejecutivo regional en dos –generalmente nacionalistas y comunistas por un aparte y socialistas por otra–, el ímpetu legislativo de Montero ha agravado la grieta y ha provocado que cada una de las patas del Gabinete vaya por su cuenta al respecto.
La formación mayoritaria, la de los socialistas, ha abogado por la reforma de la norma con carácter inmediato. La encargada de ofrecer la versión 'más oficial' de la Generalitat Valenciana sobre el asunto ha sido Gabriela Bravo.

«Déficits en la técnica legislativa»

Que haya sido ella no es un asunto menor. Pero no, precisamente, porque lo haya hecho en su condición de consejera de Interior y Justicia, sino porque Bravo es juez de carrera, por lo que la intención de Puig habría podido ser la de mandar un mensaje simbólico de autoridad en la materia frente a otras consideraciones de índole ideológica y activista.
De este modo, la consejera ha pedido la reforma en base a que la ley «se supone que nace para proteger más a las víctimas y para penar más a los agresores», con lo que choca con los casos que se van conociendo según pasan las horas.
Asimismo, Bravo ha reconocido que tanto «el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial alertaron de esta posible situación, es decir, que podía beneficiar a los violadores», por lo que ha pedido abrir una «reflexión» para analizar «los déficits de la técnica legislativa». Dicho de otro modo, un zurriagazo en toda regla de Bravo hacia la capacidad de Irene Montero y su equipo a la hora de elaborar leyes.
Estas aseveraciones, naturalmente, no han sentado en absoluto bien en la parte 'morada' del tripartito valenciano. Al paso de ellas ha salido el vicepresidente Segundo del Ejecutivo autonómico, Héctor Illueca y no ha escatimado en contundencia.
Primeramente, ha apuntado que los representantes públicos «deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres», en un mensaje dirigido a su compañera de Gobierno.
Una vez el Poder Ejecutivo, Illueca ha dirigido sus ataques al Judicial: «El problema no es la ley del 'solo sí es sí', es la resistencia de un sector de la Judicatura a los avances en materia de igualdad», ha cargado el 'número tres' del Gobierno de Ximo Puig.
Por si quedaban dudas acerca de su postura, ambos mensajes en Twitter los ha acompañado el dirigente de Podemos con la etiqueta #JuecesLegisladores.
Esta línea de opinión no es nueva ni sorprendente en el partido fundado por Pablo Iglesias. De hecho, la propia Montero calificó las críticas a su proyecto como «propaganda machista» y en las últimas horas no son pocos los altos cargos 'morados' que, siguiendo los argumentarios de la formación comunista, lanzan su ira contra los jueces llamándoles «fachas con toga» por aplicar su propia ley.

Ley «infame»

En este enfrentamiento intestino, curiosamente, Compromís es quien está manteniendo una actitud de equidistancia entre el PSPV-PSOE y Unides Podem. Así, a una pregunta formulada por El Debate, al diputado nacionalista en el Congreso, Joan Baldoví, este ha dejado la puerta abierta a realizar enmiendas a la ley.
Sin embargo, para mantener el equilibrio entre socios de coalición, al mismo tiempo ha lanzado un dardo a los jueces, señalando que ellos «también se equivocan».
En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, que ha invitado a los tres aliados a «no hacer partidismo» con la cuestión de la ley del 'solo sí es sí, a la vez que ha indicado que la norma se tendrá que «revisar» para ver cuáles son «los puntos fuertes y los puntos débiles» como sucede con «todas las leyes» porque no son «fotos fijas».
En todo caso, Mas ha afirmado que, en todo caso, esa sería una tarea que le correspondería «estudiar al Gobierno central».
Respecto a la oposición, la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, recuerda que su formación ya advirtió durante la tramitación de la ley que los «agresores sexuales saldrían antes de la cárcel» por esta norma que define Vega como «chapuza legislativa», por lo que reprocha directamente a la ministra Montero que por culpa de su iniciativa «las mujeres de España» hoy duermen «menos seguras».
En este sentido, la diputada regional insiste en que su partido propone el «endurecimiento de las penas a violadores y maltratadores» frente a esta «infame ley que los dejará en la calle antes de tiempo». Solo así, asegura Vega, las mujeres estarán «más seguras».
Por otra parte, fuentes de Ciudadanos en el parlamento autonómico no conciben cómo desde Podemos «culpan a los jueces diciendo que todos son unos machistas» e instan a mandar la ley «al taller».
Al igual que Vox, estas fuentes también recuerdan que su partido advirtió de las consecuencias que su aprobación tendría, por lo que urgen al Gobierno ya y que se deje de «rebajar los delitos de sedición y malversación».
Por último, para Ciudadanos «lo más grave» son las descalificaciones que por parte de Montero y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, están vertiendo a los jueces: «Es intolerable que se crean por encima del bien y del mal y de hacer cero autocrítica. El problema no lo tienen los jueces, sino el sectarismo de las ministras de Podemos», zanja la fuente 'naranja'.
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