Joan Ribó, alcalde de Valencia, en un Pleno del Ayuntamiento
Comunidad Valenciana El reglamento mordaza de Ribó vulnera los «derechos fundamentales» de la oposición en el Pleno
La figura del Defensor del Pueblo en Valencia reprocha al alcalde que su normativa esté minando «el control y la transparencia» en el Ayuntamiento
Si se utiliza el término «mordaza» cuando se está aludiendo a una cuestión política, la asociación de ideas más común lleva, irremediablemente, a pensar en la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, conocida por ese sobrenombre y dan defendida por los agentes como denostada por la totalidad de los partidos de izquierdas en España.
Sin embargo, existen otros ejemplos en los que el calificativo «mordaza» se podría aplicar y, de hecho, se viene aplicando a determinadas circunstancias. Una de ellas es el caso del alcalde de Valencia, Joan Ribó, cuyo reglamento para ordenar el Pleno municipal ha recibido una notable reprimenda por parte del 'Síndic de Greuges', que es la figura del Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana.
Este organismo que vela por los derechos de los ciudadanos y el buen funcionamiento de las instituciones, ha exigido el dirigente de Compromís que modifique a la mayor brevedad el mecanismo de ordenación de las sesiones plenarias y lo ha hecho con suma contundencia.
Así, el 'Síndic' emplaza a Ribó a acometer la modificación con el fin de «potenciar» los procedimientos «de control y transparencia», algo que define como «derecho fundamental» de los partidos de la oposición en eras de mejorar el «funcionamiento práctico» del Ayuntamiento.
En esta línea, el escrito sigue su argumentación reprochando el comportamiento del Equipo de Gobierno local, a quien recuerda que las democracias «merecen el calificativo de avanzadas», le insta a respetar «las distintas sensibilidades políticas» e insiste en la importancia que tiene esto que ver en el funcionamiento de los plenos municipales porque es un asunto «de primer orden» y todas las formaciones deben «participar en la gestión y control de los asuntos públicos».
«Triturar al máximo» el control
Para evaluar el papel que Ribó permite tener a la oposición en el Ayuntamiento, el portavoz local de Vox, Pepe Gosálbez, lo explica: «Antes, cada grupo podía presentar tres mociones a Pleno, cinco preguntas por concejal y otras cinco el grupo, además de que en las comisiones no había límite de mociones ni de preguntas».
En cambio, el dirigente nacionalista cambió esas reglas y ahora a los plenos se pueden llevar las mismas cinco preguntas por concejal, pero las mociones de grupo se redujeron a tres y en las comisiones tan solo se pueden hacer una moción y tres preguntas.
Además, Gosálbez indica que las preguntas únicamente pueden contener una única cuestión, por lo que el portavoz de Vox considera que la intención de Ribó con esos cambios fue la de «triturar al máximo el control» de la oposición y para ello «ha blindado» su Gobierno, como el que crea «un muro alrededor».
Además, Gosálbez también denuncia que si un partido formula una pregunta, no se puede reiterar «hasta que no hayan pasado seis meses», lo que provoca que se impida «el seguimiento de un asunto».
Preguntado sobre si cree que el alcalde valenciano aceptará el contenido del informe del 'Síndic', el portavoz 'verde' en el Consistorio levantino no tiene dudas en que, a partir de ahora, y con unas elecciones a seis meses vista, va a aparecer el Ribó «más siniestro, oscuro, sectario y comunista» porque sin control «no hay democracia» y con la izquierda, Valencia va «por ese camino».
Por su parte, la líder del Partido Popular en la capital regional, María José Catalá, considera que el reglamento «pone en evidencia que la mordaza de Ribó no responde a los principios constitucionales» y demuestra una vez más «la falta de transparencia del Gobierno sectario de la ciudad».
Al igual que Gosálbez, Catalá hace hincapié en el asunto de las preguntas y mociones, lo que para ella supone que restringe «drásticamente a la oposición».
Respecto a Ciudadanos, su portavoz en el Ayuntamiento, Fernando Giner, coincide en criticar el reglamento plenario y apunta a que la intención del primer edil siempre fue la de «dinamitar la labor de los partidos en la oposición» a pesar de que la función de estos es la de «fiscalizar la actividad de Gobierno».
Para Giner, de esta norma también sale malparada la ciudadanía valencia, porque, a su juicio, «también sufrirá las consecuencias de este rodillo de opacidad» pero que, sin embargo no es nuevo, puesto que Ribó ya ha demostrado su «desdén hacia la transparencia que tanto dice defender».
Con todo, el portavoz 'naranja' cree que el Equipo de Gobierno regula «directamente sobre el papel para mermar el derecho de preguntar hasta la mínima expresión».
Ahora, el Ayuntamiento tiene, tal como se desprende del escrito del 'Síndic', «un plazo no superior a un mes» para «manifestar de forma inequívoca su posicionamiento respecto a las recomendaciones».
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