La vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en rueda de prensa junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en el Palacio de la Generalitat
Comunidad Valenciana Puig acusa a Teresa Ribera de vulnerar la «lealtad institucional» al recortar el trasvase Tajo-Segura
La Abogacía de la Generalitat ha presentado alegaciones al Consejo de Estado para que emita un informe desfavorable sobre la reforma de esta obra
La tensión entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central a cuenta del trasvase entre los ríos Tajo-Segura continúa y no tiene visos de que vaya a cesar a corto plazo.
El último eslabón de la cadena ha sido el informe que la Abogacía del Ejecutivo autonómico ha remitido a la presidenta del Consejo de Estado, la exministra Magdalena Valerio. En él, los servicios jurídicos regionales le solicitan que el informe preceptivo –que no vinculante- que el organismo público ha de emitir al respecto tenga un carácter desfavorable.
Según se desprende del escrito, la Abogacía advierte «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto» que podrían ser nulos «de pleno derecho». El relato de la Generalitat se fundamenta en la redacción de la disposición adicional novena y en el procedimiento para su modificación.
De este modo, señala que el establecimiento de los caudales ecológicos –que es el origen del problema- se debería hacer mediante «una valoración previa del estado ambiental que presenten las masas de agua». Este aspecto fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre.
Sometimiento a las exigencias de Page
Sin embargo, los servicios jurídicos de la Generalitat denuncian que lo pactado fue objeto de «una nueva redacción» que «no fue sometida a debate y votación en el seno» del citado Consejo.
De este modo, y asumiendo las exigencias del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, se decidieron unos incrementos en los caudales ecológicos que fuesen «fijos e inamovibles» hasta el año 2027. Para ello, y contraviniendo lo acordado, ya no serán necesarios los informes técnicos y medioambientales que avalen dichos aumentos.
Por todo ello, el Gobierno de Ximo Puig, mediante la Abogacía, es contundente al acusar directamente al Ministerio para la Transición Ecológica de haber tomado una decisión «de manera unilateral» y lamenta que esta se haya tomado «sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell –el Ejecutivo valenciano- ni al propio Consejo del Agua».
Protestas de agricultores y regantes de Levante contra los recortes en el trasvase Tajo-Segura.
Igualmente, reprocha que desde la Administración central «se hable de estudios y evaluaciones» cuando, al mismo tiempo, «fija de antemano unos caudales al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo».
Asimismo, reprocha al departamento encabezado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha actuado sin haber sometido la propuesta «a los principios de participación ciudadana y concertación», por lo que también considera que puede ser nula «de pleno derecho».
La indignación no se limita a este reproche, sino que se percibe a lo largo del informe. Una muestra de ello es el reproche al Ministerio por haber actuado de forma «arbitraria» y únicamente basándose «en la libre voluntad de la Administración rectora».
Igualmente, el gabinete jurídico regional pide un escrito desfavorable por parte del Consejo de Estado frente al recorte en el trasvase Tajo-Segura porque, en su opinión, Ribera habría «vulnerado» varios principios. Estos serían los de «seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia».
Estas acusaciones resultan de una importancia notable más allá de lo estrictamente legal, ya que supone un choque de frente entre dos administraciones socialistas que cuya relación no goza en la actualidad de la mejor salud y que se enfrentan –una en mayo y la otra en diciembre- a sendos procesos electorales.
En conclusión, las exigencias que el Gobierno de Puig traslada al Consejo de Estado y, por ende, a la vicepresidenta Ribera tienen como fundamento que Transición Ecológica «rescate» la versión original en lo relativo a un trasvase que es vital para los regantes de Alicante y Murcia.
A juicio de la Abogacía de la Generalitat, la postura tomada «a última hora por el Ministerio» ha quedado «totalmente desnaturalizada», está «falta de criterio y rigor técnico» y, además, se ha convertido en una propuesta «ilógica e inútil».
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