El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig
Comunidad Valenciana Puig quiere cambiar a última hora la ley electoral ante el pánico del 28M
El socialista pretende rebajar del 5 al 3 % el umbral de votos para obtener escaños para que entre Unides Podem y solo así poder reeditar el tripartito
Los estudiosos de la ciencia política suelen comentar que para saber realmente cómo respiran los partidos hay que analizar la evolución de los mensajes que van lanzando a lo largo del tiempo.
Si esa máxima se aplica al caso de la Comunidad Valenciana el resultado es realmente claro. Para el tripartito compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem empezó por ser el típico desgaste electoral que todo gobierno ha de padecer al estar en el poder.
Sin embargo, los síntomas vienen agravándose desde hace meses y lo que derivó en una seria preocupación porque no se remontaba en las encuestas hoy es un evidente pánico ante la probabilidad de que la izquierda vuelva a la oposición tras ocho años.
Lo sabe el presidente regional, Ximo Puig, al igual que sus socios. Por eso mismo, al hecho de no decir palabra alguna sobre el caso Azud u otros escándalos se le ha unido una última artimaña.
Unides Podem, sin escaños
Viendo que los sondeos dan un empate técnico con una leve pero progresiva ventaja hacia el bloque de centro-derecha de Partido Popular y Vox, la última intentona de la izquierda por conservar el poder pasa por reformar a última hora y de malos modos la ley electoral valenciana.
La finalidad de ello es rebajar el umbral para que un partido logre representación parlamentaria en las Cortes Valencianas del actual 5% de los votos en la región a un 3%.
Para entender esta maniobra de funambulista hay que tener en cuenta dos claves. La primera es que para reeditar el tripartito, Puig depende de Unides Podem. Su problema viene cuando los estudios demoscópicos sostienen que la coalición comunista tiene muchos números para quedarse fuera del parlamento autonómico.
Si esto acabase sucediendo, PP y Vox tendrían un extra de escaños que terminaría por romper la igualdad absoluta entre ambos bloques y decantaría la presidencia de la Generalitat hacia el centro-derecha.
Pero en la política se dan muchas paradojas. En septiembre de 2022 fueron los propios socialistas los que, ante el enfado de Unides Podem, se encargaron de ensalzar una encuesta interna en la que el PSPV-PSOE podría seguir en el poder y eran los comunistas los que se quedaban fuera del hemiciclo.
Esto tenía el objetivo de desplazar cierto electorado de izquierdas hasta posiciones socialistas. En esos momentos, ni rastro de hablar de bajar el umbral.
Comunidad Valenciana
La implosión de la izquierda pone en peligro la reedición del tripartito valenciano
Pero entonces llegó -qué día no es fiesta- la ministra de Igualdad, Irene Montero, su famosa ley del ‘solo sí es sí’ y la correspondiente aplicación.
A raíz de ahí, las alarmas sonaron en todos los cuarteles generales del PSOE y Moncloa - a efectos de Sánchez son lo mismo- porque la sangría de votos ya se estaba reflejando en las encuestas.
Con ello, Puig está viendo cómo un hipotético tercer mandato se le escapa a marchas forzadas a un ritmo que no cesa y que va a más. De ahí la desesperada iniciativa para retorcer el reglamento electoral y poder seguir en el poder.
Los socialistas han tenido una amplia mayoría parlamentaria para cambiar la norma pero parece que, a cuarenta días de disolver la Cámara, les han entrado unas prisas repentinas que hacen ver que obedecen más a urgencias orgánicas que a principios políticos.
La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Domínguez asegura que la propuesta de su grupo obedece a que, solo tras el 28 de mayo y no en comicios anteriores, se obtenga «una mejor representación en el Parlamento valenciano de la sociedad».
Gran parte del futuro de Sánchez en Moncloa depende dw los resultados de Puig en Valencia.
Por su parte, el dirigente de Compromís Josep Nadal insiste en esa línea, según la cual una sociedad «plural y diversa como la valenciana es pluripartidista».
Aunque en el hemiciclo hay seis formaciones, el nacionalista continua: «No nos vale que cientos de miles de personas puedan quedarse fuera por una barrera injusta y pensada para momentos bipartidistas».
Sobre el debate generado, cabe destacar que el que lo ha sacado a la palestra ha sido la recién nombrada portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Mamen Peris.
Con un giro hacia la izquierda y sabedora de que su partido no va a obtener representación parlamentaria el 28 de mayo, la nueva síndica ‘naranja’ está suplicando por que la reforma salga adelante.
No obstante, hoy por hoy no va a ser así. Para su aprobación se requiere una mayoría cualificada de la Cámara, es decir, dos tercios de los 99 diputados que la componen.
Como mucho la propuesta obtendría 65 votos, ya que no contaría con los diecinueve apoyos del Partido Popular, los nueve de Vox y ninguno de los no adscritos (cinco de Ciudadanos y uno de Vox). Faltaría un diputado que se posicionase a favor.
Frente a esa jugada de última hora, el diputado autonómico del PP Alfredo Castelló asegura que su formación no va a «perder ni un minuto» en cuestiones que solo tienen que ver «con un presidente de la Generalitat desnortado, que ve que pierde las elecciones y que está haciendo todos los esfuerzos del mundo para poder salvarse él».
Según el parlamentario, la estrategia de «salvar al soldado Puig no va» con ellos porque «solo piensa en los escaños» y no van «a jugar en absoluto». «Solo muestra desesperación y desesperanza de cara a las próximas elecciones».
Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Carlos Flores Juberías, apunta a Ciudadanos, quien a su juicio ha dejado «su capacidad de convencer a los valencianos».
Asimismo, les acusa de «fiar sus opciones de sobrevivir en el próximo parlamento valenciano» a lo que denomina «pasilleo y captación de apoyos estratégicos» del tripartito.
Más allá de eso, Juberías -que es Catedrático de Derecho Constitucional- sostiene que estas «maniobras» suponen «una alteración de las reglas del juego en el último minuto» y destaca que van en contra a lo establecido por el Consejo de Europa.
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