La Albufera de Valencia
Comunidad Valenciana La política medioambiental valenciana hará frente al «fanatismo climático» y la «perversa Agenda 2030»
En contraposición a la gestión de Ximo Puig, el Ejecutivo de Carlos Mazón luchará contra el abandono de tierras, simplificará los trámites burocráticos y hará compatible una gestión sostenible con ejecutar infraestructuras
Uno de los componentes ideológicos que definen a Compromís es el ecologismo, un aspecto al que añade dosis de nacionalismo. Ambos rasgos supo extrapolarlos a la gestión pública durante los ocho años que la formación integró el Gobierno de la Generalitat Valenciana, plasmando en el Diario Oficial todos aquellos postulados adoptados por los partidos de izquierda en Europa y denostando cualquier mínima objeción a los mismos, so pena de ser llamado «negacionista del cambio climático» todo aquel que osase hacerlo.
Esa visión sesgada de la realidad fue, por ejemplo, la que llevó a la exconsejera de Agricultura Mireia Mollá a llevar a cabo un tan pintoresco como arriesgado plan para prevenir los incendios en la zona de Castellón. Consistía en trasladar hasta el lugar a cincuenta burros y que estos solos limpiaran y pastaran el terreno. El resultado fue catastrófico: diez de los animales murieron y los restantes se salvaron, pero presentaban estado de desnutrición.
Para evitar que se repitan episodios como el descrito, el nuevo titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Aguirre, asegura que la política que va a desarrollar su departamento tendrá como centro estos ámbitos, que conforman un sector que se ha sentido «abandonado y engañado» en los últimos tiempos. Así, también recalca que su línea de actuación política hará «frente al fanatismo climático, la demagogia, el animalismo o la perversa Agenda 2030».
Lucha contra el abandono de tierras
En esta línea, el dirigente expone que se compromete a «luchar» para que los agricultores, ganaderos y pescadores valencianos se sientan «arropados», por lo que fomentará que tengan voz en Europa porque son un «ejemplo de esfuerzo» a la hora de defender las «tradiciones, el entorno cultural, la cultura y las raíces» regionales. Por ello, una de las prioridades de la Consejería será la de «evitar el abandono de tierras agrarias, luchar contra el despoblamiento y conseguir un relevo generacional que permita la reactivación y la subsistencia del sector». Con tal de lograrlo aprobará iniciativas cuya meta será facilitar el acceso de los jóvenes a la titularidad de las tierras. En palabras de Aguirre, esta política es «necesaria» para la supervivencia de la actividad agraria.
Todo ello estará enmarcado en un Plan de Promoción de las Familias y Relevo Generacional, que también incluirá la simplificación de trámites burocráticos y la gestión asequible de las ayudas a las que puedan acogerse, en clara contraposición con la maraña de papeleo heredada de la época del tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos. La importancia dada por el mandatario no es baladí, ya que, tal como él mismo explica, el sector ganadero es uno de los que presentan «mayor tasa de abandono y menor relevo generacional», algo que el consejero achaca directamente a que está «sometido a la globalización de los mercados, las sucesivas legislaciones, la volatilidad de los precios, y en muchas ocasiones, la criminalización de parte de la clase política y de los pseudoecologistas».
En esta línea, Aguirre carga tanto contra el Gobierno central como contra la Unión Europea (UE). Al primero le reprocha que en lugar de ser un «aliado» de los profesionales del campo y la pesca se esté comportando como un «enemigo» por no proporcionar las «herramientas efectivas» para combatir las nuevas plagas y enfermedades y poder así afrontar los retos y nuevas directrices europeas a los que se enfrenta el sector. Respecto al ente comunitario, las críticas vienen a raíz de la política de importación de alimentos: «Es una hipocresía que el Parlamento Europeo se plantee permitir la importación de arroz de países terceros tratado con triciclazol con nueve veces más residuos de los que a nuestros agricultores les está permitido».
El consejero valenciano de Agricultura, Jesús Aguirre, en las Cortes autonómicas.
Estas afirmaciones de Aguirre van en consonancia con las políticas que prevé llevar a cabo la consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, que se guiarán por conjugar protección del medio ambiente y desarrollo social y económico. Tras lamentar que bajo los dos mandatos del socialista Ximo Puig «se han perdido oportunidades de proteger» el medio natural valenciano, se elaborará un Plan de revisión de las normas reguladoras de los parques naturales -entre ellos el de La Albufera de Valencia-. Una vez esté en marcha, será, en su opinión, un «ejemplo» de cómo el Gobierno presidido por Carlos Mazón «apuesta de verdad por el equilibrio entre protección de nuestro medio natural, la promoción de uso público compatible y el desarrollo sostenible».
Defensa de «cada gota» de agua
Frente a la política ideologizada llevada a cabo por la izquierda desde 2015, Pradas anuncia que el Ejecutivo autonómico modificará las leyes de Protección Animal, la del Cambio Climático, así como que sacará adelante la aprobación de un Proyecto de Ley de Costas «que permita ejercitar al máximo» las «competencias, compatibilizar usos y actividades, proteger y poner en valor los poblados marítimos tradicionales» que ofrece la región.
Cuando se habla de medio ambiente en la Comunidad Valenciana es inevitable hacer mención al trasvase Tajo-Segura y al recorte que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dieron luz verde este año sin más criterio que el político y obviando cualquier clase de razón técnica o científica. Al respecto, Pradas confirma que la Generalitat «va a defender cada gota» que corresponda al territorio y «recurrirá con unidad de acción» las sucesivas subidas del caudal hidrológico impuestas desde la Moncloa.
En definitiva, la premisa es clara: hacer «compatible la protección medioambiental y la sostenibilidad con la llegada de inversiones a la Comunidad». Para ello, habrá cuatro grandes marcos de actuación que contrastan con la gestión de socialistas, nacionalistas y comunistas: conjugar protección del medio ambiente y desarrollo social y económico; «defensa firme» del agua necesaria; establecer una estrategia territorial que permita ganar competitividad y, finalmente, ejecutar las infraestructuras necesarias para generar nuevas oportunidades.
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