El defensor del pueblo valenciano investiga al Ayuntamiento de Castellón por el caso de las multas de tráfico

El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, el socialista Ángel Luna, investiga al Ayuntamiento de Castellón por no aportar la documentación sobre la presunta acumulación de 167 multas por parte del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, de enero de 2023 a enero de 2024, de las que decenas seguiría sin pagar.

El síndico de agravios ha admitido a trámite la queja registrada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio castellonense, Patricia Puerta, quien había denunciado que la alcaldesa de la capital de La Plana, Begoña Carrasco, «bloquea toda la documentación reclamada sobre las multas por aparcar mal en la zona azul durante el último año» por parte de Ramírez, así como datos sobre las sanciones que presuntamente siguen sin ser saldadas por parte del edil del Partido Popular.

El Síndic de Greuges, en su resolución de «inicio de investigación», considera que, del análisis de los hechos descritos por el PSOE y la normativa aplicable, «se deduce que la actuación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana podría estar afectando al derecho de acceso a la información pública». Por ello, reclama al Consistorio gobernado en coalición por PP y Vox que remita «un informe detallado y razonado, en el plazo máximo de un mes, sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja», según el escrito, que se puede leer a continuación.

Puerta señala que «desde el PP están haciendo todo lo posible por tapar unos hechos gravísimos, como es que un concejal de su equipo de gobierno haya recibido presuntamente nada menos que 167 multas en un año, de las que, al parecer, tendría nada menos que 134 sin abonar». La portavoz socialista señala que «aquí hay mucho aún por aclarar, porque queremos saber dónde están todas esas sanciones que podría no haber abonado aún».

A fecha de hoy, critica Puerta en un comunicado, «la realidad es que tenemos a un concejal, Cristian Ramírez, riéndose de los ciudadanos y ciudadanas que sí pagan sus multas y a una alcaldesa, Begoña Carrasco, cómplice por mantenerle en el cargo pese a ser protagonista de este escándalo mayúsculo».

La queja presentada por el PSPV de Castellón recoge toda la información desde que el pasado 31 de enero, en el apartado de ruegos y preguntas del pleno municipal, el concejal socialista Jorge Ribes dio a conocer que el edil de Movilidad llevaba meses aparcando en zona azul sin pagar la tasa por estacionamiento.

Hasta 134 multas sin pagar

En concreto, la documentación difundida por el PSPV apuntaba a un total de 167 posibles sanciones desde enero de 2023 a enero de 2024, de las que presuntamente solo habría abonado en tiempo y forma 33. Por todo ello, el edil socialista solicitó directamente en el pleno al concejal del PP que explicase cuánto dinero adeudaba presuntamente al Ayuntamiento.

«Tras no obtener respuesta, ni por parte de Begoña Carrasco ni por Cristian Ramírez, ni tampoco por el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ese mismo día el Partido Socialista, por registro oficial, presentó una instancia general para solicitar información respecto a las multas impuestas al vehículo a nombre del concejal de Movilidad, desde el 1 de enero de 2023 al 30 de enero de 2024», indican en el citado comunicado.

El PSOE castellonense exige conocer el importe total de multas, las que están pendientes de pago, las pagadas, el importe total de las abonadas, el importe de las que están pendiente de pagar, las que han sido pagadas con recargo, las multas pendientes de pago con recargo y el importe total de estas últimas, entre otros aspectos.

Sin respuestas

El portavoz del equipo de Gobierno, el mencionado Sales, se limitó a afirmar hace unas semanas que Ramírez reconocía oficialmente 29 multas sin pagar y que las abonó esa misma tarde del 31 de enero por valor de más de 2.000 euros. Serían, según el PSPV, sanciones acumuladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de las que al menos nueve correspondían ya a su periodo como concejal. Pese a ello, «sigue sin decir nada de las 167 multas que, como ha denunciado el PSPV, ha acumulado presuntamente durante el último año», denuncian.

Por tal motivo, desde el PSPV se siguieron realizando preguntas en diferentes comisiones de estudio, pidiendo entre otras cuestiones un informe de la empresa adjudicataria de la zona azul, en el que debía indicar cuántas multas han sido impuestas al vehículo a nombre de Ramírez de 2019 a 2023, cuántas se han pagado, cuántas están pendientes de saldar y cuántas se han cancelado sin previo pago.

Todos estos datos forman parte de la documentación remitida al Síndic de Greuges, a quien los socialistas han informado, además, de la celebración de la sesión plenaria en la que compareció públicamente el concejal de Movilidad para rendir cuentas. Un pleno en el que, como señala Puerta, «no dio respuesta a las preguntas planteadas por nuestro grupo y en el que exhibió una documentación a la que no hemos tenido acceso».

Para el Grupo Municipal Socialista, Carrasco debe cesar de inmediato a Ramírez. «Solo con las 29 multas que ya ha reconocido públicamente es motivo más que suficiente para su dimisión o para el cese fulminante por parte de la alcaldesa de Castelló, que sigue siendo su cómplice al mantenerlo en el cargo», indica Puerta.