Vista de la entrada del Hospital General de Castellón, donde se prevé la construcción de un aparcamiento
Un asesor municipal de Castellón opta a explotar un aparcamiento público con una sociedad recién creada
La oposición denuncia que podría ser ilegal porque «desde su puesto de trabajo, presuntamente, puede acceder a información privilegiada en el Ayuntamiento»
Nueva polémica en el Ayuntamiento de Castellón. Si hace escasos días se destapaba que el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, acumulaba decenas de multas sin pagar, ahora se ha conocido que un asesor municipal del Consistorio gobernado por la 'popular' Begoña Carrasco opta a explotar un aparcamiento público con una sociedad recién creada.
Se trata de un asesor de la concejal de Cultura castellonense, María España, quien el pasado 5 de febrero creó una empresa denominada Parking General Castellón SL para tratar de explotar un aparcamiento de bajo coste con 200 plazas junto al Hospital General, un lugar donde son frecuentes los problemas para estacionar los vehículos. El administrador único de la sociedad es el periodista Manuel Vives Vinuesa.
Publicación en el BOE de la empresa constituida por un asesor municipal de Castellón para explotar un aparcamiento
Ya se ha presentado el proyecto al Ayuntamiento para obtener las licencias, después de contar con el certificado de compatibilidad urbanística. Ahora las obras están pendientes del visto bueno del Consistorio a través de los informes técnicos municipales.
Una situación que desde la oposición encabezada por el PSPV-PSOE están aprovechando para cargar contra la regidora del Partido Popular, a quien le estalla una nueva controversia tras la de un Ramírez que ya había sido puesto en la picota, además de por las sanciones de aparcamiento, por haber sido acusado previamente de realizar pintadas en la calle contra los socialistas.
Informe de incompatibilidades
De esta manera, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital de la Plana solicitaba este jueves por registro municipal a la secretaria del Pleno un informe para determinar si existe compatibilidad en ser administrador único de la citada sociedad limitada, domiciliada en el número 4 de la calle Juan Bautista Carbó Domenech, y al mismo tiempo ejercer como cargo de confianza en el Gobierno de coalición de PP y Vox.
«Cuando aún colea el escándalo que supone que Carrasco mantenga en su cargo al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, pese a acumular presuntamente 167 multas en zona azul en el último año, nos encontramos ahora con otra historia oscura», señalaba en un comunicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Patricia Puerta.
Desde el PSPV argumentan que la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, «que es de aplicación al asesor del Gobierno de Carrasco», el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas «requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad».
La portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castellón, Patricia Puerta
«Esperamos que la secretaria del Pleno realice un informe, porque nos encontramos ante hechos que pueden ser realmente graves y la ciudadanía tiene derecho a saber todo lo que está ocultando el Gobierno municipal que lidera la señora Carrasco, que en apenas ocho meses ya ha demostrado a qué han venido al Ayuntamiento, y no es precisamente a dar ejemplo de buena gestión», afeaba la portavoz del PSPV-PSOE, quien recordaba que el asesor «desde su puesto de trabajo, presuntamente, puede acceder a información privilegiada en el Ayuntamiento».
El Ayuntamiento niega que sea ilegal
Desde el Ejecutivo municipal, el portavoz, Vicent Sales, reconocía los hechos tras desencadenarse la polémica, aunque recalcaba que en absoluto era algo ilegal: «Si no hay incompatibilidad en su actividad, no hay ninguna irregularidad. Aquí solo hay la voluntad socialista de enredar».
«Los socialistas son inasequibles al desaliento en su afán de seguir haciendo el ridículo. Ahora resulta que un ciudadano no puede pedir licencia de actividad comercial en un suelo privado y como actividad privada, en la que el Ayuntamiento no tiene nada que ver», zanjaba.
Para el Grupo Socialista «no es ni ético ni moral» y «está por ver» si también es ilegal. Por el momento, los socialistas no mueven ficha más allá de la denuncia pública, al igual que hace ya casi una semana, cuando advertían sobre las prácticas del edil de Movilidad que «no queda más camino que llevar todo este escándalo ante la Fiscalía, para que se depuren responsabilidades», sin que haya habido más noticias al respecto por el momento.
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