El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres
La izquierda agita a la desesperada el relato de que la ONU va contra la Ley de Concordia valenciana
El ministro de Política Territorial remite una carta a la presidenta de las Cortes para que informe del contenido del documento a los grupos parlamentarios y Compromís le otorga «toda la legitimidad» a los autores pese a no representar al organismo internacional
Las leyes de Concordia que se han aprobado o lo harán próximamente en algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular y Vox siguen marcando la agenda mediática y política en un contexto en el que, además, se acumulan elecciones y las comparecencias tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado a raíz del estallido del caso Koldo. A nivel nacional, la izquierda está 'estirando este chicle' hasta el extremo, pero en la Comunidad Valencia resulta más evidente si cabe por la existencia de un partido de ámbito regional como Compromís.
Lo hacen a pesar de que ha quedado demostrado que los supuestos relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que habrían redactado un informe contario a los textos presentados en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana no representan la opinión de Naciones Unidas.
Esta información ha sido la que el propio organismo internacional ha remitido al portal de «verificación» Newtral, dirigido por la periodista Ana Pastor, remarcando que «los relatores son expertos independientes que hacen este tipo de informes de forma voluntaria», por lo que este tipo de documentos «no expresan una postura» de la ONU. «Luego los informes se toman en cuenta y pueden llegar a otras instancias, pero no se trata de una resolución», explica la plataforma.
Sin embargo, este hecho contrastado y contrastable no está siendo obstáculo para que la izquierda, Gobierno central incluido, siga con un relato que no se ajusta a la realidad. Tanto es así, que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha remitido una carta a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, instándole a que informe a todos los grupos con representación parlamentaria (PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox) del contenido del citado escrito.
«Uso partidista» de las administraciones
La respuesta de la segunda autoridad de la Comunidad no se ha hecho esperar y acusa al canario de «chantajear» y vulnerar la autonomía del Parlamento valenciano. Igualmente, le recuerda al socialista que cualquier acción legislativa que se desarrolla en la Institución «está sujeta al cumplimiento del Derecho Internacional». Esta petición del ministro, Massó la califica de algo «inaudito», ya que está insinuando que «se está incumpliendo el Derecho Internacional», lo que a su juicio significa que el Ejecutivo está haciendo un «uso partidista» de las administraciones y «vulnera la separación de poderes» mediante «una injerencia en la actividad legislativa».
Entrando en el fondo del asunto, la presidenta de las Cortes, que pertenece a Vox, confirma que no atenderá las demandas de Torres recogidas en su misiva porque «no es un informe encargado por Naciones Unidas». En cambio, el portavoz de Compromís en el Hemiciclo valenciano, Joan Baldoví, insiste en que se dé traslado del documento por ser «bastante contundente». En este sentido, el nacionalista ha cuestionado al PP y Vox por lo que considera que es desacreditar a las tres personas que elaboraron el informe, dado que «forman parte de la ONU y tienen toda la legitimidad» para elaborarlo.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, censura que el Gobierno de Pedro Sánchez esté centrado en las leyes de Concordia de tres regiones y le insta a «dedicarse a las cosas de verdad, en vez de estar buscando cartas, relatos y montando patines para ver si nos llama a fachas a los demás todos los días». Entre esas «cosas de verdad», el jefe del Consell remarca la obligación del Ejecutivo central con la «dependencia» y le exige que «por fin fije los fondos que tiene que fijar, que lleva años sin fijarlos».
Estas declaraciones van en consonancia con las pronunciadas por la vicepresidenta segunda del Gabinete autonómico, Susana Camarero, que denuncia que la «estrategia del Gobierno de España es hacer oposición a las comunidades autónomas en vez de dedicarse a lo importante». «Les viene muy bien despistar y hablar de este tema en vez de preocuparse de los problemas que tenemos todas las comunidades autónomas, en este caso esta comunidad autónoma, de la necesidad de que se nos dé la financiación que se nos debe desde hace mucho tiempo o que se nos deben 3.000 millones de euros de la atención a la dependencia», apunta la también consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
Por último, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, también se muestra contrario a la demanda del ministro de Política Territorial porque le «merece demasiado reconocimiento» un informe «prefabricado solicitado a instancia de parte, remitido por tres relatores de la ONU que ya saben quién es el culpable con anterioridad, y cuyo presidente es de un país que no respeta los Derechos Humanos, como Arabia Saudí». En su opinión, la comparecencia de los relatores en la Cámara regional sería «una intromisión en la soberanía nacional y en la representatividad» del Parlamento, con lo que cree que «con el informe, ya han hecho bastante».
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