La Justicia da la razón a una familia de Castellón que fue expropiada por Adif sin recibir dinero

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana da la razón a la familia expropiada por Adif que tuvo que abandonar su propiedad sin haber recibido el justiprecio. El tribunal ha revocado la autorización judicial de entrada en la vivienda ubicada en una parcela para la construcción del acceso ferroviario al Puerto de Castellón.

Este proceso lleva más de un año en marcha, cuando en febrero de 2024 empezaron los trámites de desalojo y la empresa pública comunicó a los residentes del inmueble que se marchasen de forma voluntaria, pero la propietaria se negó entonces por falta de una alternativa habitacional y a la espera de que se resolviese el pago por expropiación.

En los seis meses desde la notificación hasta su desalojo definitivo, la familia no recibió el justiprecio ni otra alternativa. Ahora, otro medio año más tarde, el tribunal estima el recurso de apelación formulado por la propietaria, una mujer con dos hijos, uno de ellos menor de edad y con un grado de discapacidad del 70 %.

El TSJCV considera que no constan actuaciones ni el auto apelado tampoco analiza la «práctica de actuación alguna por parte de la Administración expropiante para asegurar un alojamiento familiar al menos al menor e incapaz, en situación objetiva de vulnerabilidad».

De este modo, la Sala de lo Contencioso del Alto tribunal valenciano concluye que la ocupación forzosa de la vivienda fue autorizada «sin realizar el debido juicio de ponderación y sin adoptar las cautelas oportunas en materia de protección del menor e incapaz, ya por la Administración ya por el juzgado autorizante».

La sentencia, que revoca por consiguiente el auto del juzgado, no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.