Así será la Oficina Antiokupación puesta en marcha por Catalá con asistencia legal y herramientas tecnológicas

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la creación de la Oficina Antiokupas, una nueva herramienta municipal destinada a asistir a los propietarios de viviendas afectados por la okupación ilegal. La medida, promovida por el equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa María José Catalá, tiene como objetivo proporcionar asesoramiento técnico y jurídico a quienes enfrenten situaciones de usurpación de inmuebles, además de coordinar acciones que permitan agilizar los procedimientos de desalojo.

La iniciativa responde a la creciente preocupación social por la okupación ilegal de viviendas en la ciudad, un fenómeno que, según el Consistorio, afecta tanto a la seguridad jurídica de los propietarios como al mercado de alquiler. La Oficina Antiokupas dependerá de la Policía Local y contará con un equipo especializado que orientará a los afectados sobre los pasos legales a seguir para recuperar sus propiedades en el menor tiempo posible.

Juan Carlos Caballero, portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, ha destacado que la okupación ilegal «es un problema real y extendido en toda España debido al marco jurídico actual». Como prueba de ello, ha compartido datos sobre la actuación de la Policía Local en Valencia ante estos casos: en 2023 se registraron 796 intervenciones, en 2024 aumentaron a 810 y, en lo que va de 2025, ya se han contabilizado 144. Según ha señalado, esta tendencia al alza confirma que el problema sigue creciendo. Además, ha criticado la actitud del Gobierno nacional, al considerar que existe cierta permisividad o comprensión hacia quienes ocupan viviendas ilegalmente. En este sentido, ha subrayado que la Policía municipal está interviniendo activamente para combatir una situación «que no puede ser ignorada».

Principales funciones

Entre las principales funciones de este nuevo organismo municipal se encuentra la asistencia legal a los propietarios que sufran la ocupación de sus viviendas. Se ofrecerá información detallada sobre los procedimientos judiciales disponibles, diferenciando entre los casos de usurpación (cuando la vivienda está vacía) y allanamiento de morada (cuando el inmueble es residencia habitual), ya que la respuesta legal varía en cada caso.

Uno de los aspectos más destacados de esta oficina es su intención de acelerar los juicios rápidos en situaciones de okupación ilegal. Para ello, el Ayuntamiento trabajará en coordinación con otras administraciones con el fin de reducir los plazos judiciales y garantizar una actuación más ágil y efectiva.

Asimismo, el Consistorio ha anunciado que exigirá a los grandes tenedores de viviendas vacías que implementen medidas de seguridad en sus inmuebles para evitar posibles okupaciones. Esta obligación forma parte de una estrategia más amplia para combatir el problema desde la prevención, asegurando que los propietarios cuenten con herramientas eficaces para proteger sus propiedades.

El Ayuntamiento de Valencia ha insistido en que la Oficina Antiokupas forma parte de un enfoque integral contra la okupación ilegal, que incluye no solo la asistencia legal a los afectados, sino también la implementación de medidas preventivas y el refuerzo de la seguridad en los barrios más vulnerables a este fenómeno.

El Consistorio ha recordado que, en muchos casos, las okupaciones generan un perjuicio para los propietarios, pero además pueden derivar en problemas de convivencia e incluso en situaciones de insalubridad o inseguridad en las comunidades afectadas. Por ello, el Gobierno municipal ha señalado que seguirá trabajando en colaboración con las fuerzas de seguridad y otras administraciones para erradicar este problema de manera efectiva.

Vox respalda la propuesta

La creación de esta oficina ha contado con el respaldo de Vox, que ha defendido la iniciativa como una respuesta necesaria ante lo que considera una permisividad por parte del Gobierno central en materia de okupaciones ilegales.

Representantes del partido han subrayado que esta usurpación vulnera el derecho a la propiedad privada y que, medidas como esta, son fundamentales para garantizar la seguridad de los propietarios.

Vox ha criticado en reiteradas ocasiones la legislación vigente en España en torno a la okupación, asegurando que no ofrece una protección adecuada a los legítimos propietarios de viviendas. La formación ha abogado por reformas legales que permitan desalojos inmediatos en caso de okupación y sanciones más severas para quienes participen en este tipo de actos.

Además, los de Abascal han anunciado que pedirán la creación de una oficina antiokupación en toda la Comunidad Valenciana, siguiendo el modelo recientemente aprobado por el Ayuntamiento de Valencia. Para ello, Vox presentará una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2025, unas cuentas que este partido acordó con el Consell de Carlos Mazón.

Asimismo, Vox propondrá recortar los fondos que la Generalitat destina tanto a los sindicatos como a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, en una enmienda parcial a la ley de presupuestos. Así lo ha avanzado el síndico de Vox en las Cortes, José Mª Llanos, quien ha explicado que el partido registrará alrededor de 50 enmiendas parciales a la ley de acompañamiento. Entre ellas, la creación de la oficina antiokupación autonómica.

El síndico de Vox también ha afirmado que estas enmiendas han sido negociadas con el Partido Popular, aunque no se presentarán propuestas conjuntas entre los dos grupos. No obstante, ha abierto la puerta a transaccionarlas durante la tramitación parlamentaria.

Herramienta para medir el agua

Según informó Efe el pasado 3 de abril, el Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la empresa de gestión de aguas Emivasa, ha creado una herramienta «centinela» capaz de medir el consumo de agua en tiempo real. Esta tecnología permite a los propietarios de viviendas desocupadas supervisar el uso del agua, alertándolos de inmediato si se detecta un consumo inesperado en una propiedad que debería permanecer inactiva.

Durante su visita a la sede de Emivasa en Vara de Quart, la alcaldesa declaró a los medios que esta iniciativa es «es una solución tecnológica que ponemos en marcha para reforzar la seguridad de los propietarios y para intentar incentivar un mayor mercado de vivienda en la ciudad, generando seguridad a los propietarios e intentando ofertar todas las soluciones que estén a nuestro alcance». La herramienta opera a través de una página web y, en el futuro, contará con una aplicación móvil.

Catalá ha explicado que la alerta se activa en las primeras 12 horas tras detectarse un consumo indebido, lo que permite al propietario reaccionar con rapidez. Además, ha destacado que la aplicación también resulta útil «para quienes tienen un familiar que vive solo, especialmente una persona mayor», ya que permite configurar una alerta en caso de ausencia de consumo de agua cuando debería haberlo. Esto podría servir como una señal de que algo le ha sucedido a la persona que reside en la vivienda.