Una imagen de archivo de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia
Mazón exige a Sánchez ampliar la «vida útil» de la central de Cofrentes por ser «sostenible y primordial» para la región
El complejo nuclear, que aporta el 45 % de la producción eléctrica de la Comunidad Valenciana, está previsto que cierre en 2030
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, exige al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez que «prolongue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030 porque se ha demostrado que es una fuente energética sostenible y primordial para el desarrollo económico y social de nuestro territorio». Así se manifestó el mandatario tras la reunión que ha mantuvo este martes con el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, en la que ambos analizaron el informe elaborado por la institución cameral para reclamar la moratoria del complejo.
En este sentido, el jefe del Consell defendió la necesidad de «mantener a corto y medio plazo la energía generada por la planta de Cofrentes que aporta el 45 % de la producción eléctrica de nuestro territorio, contribuye a estabilizar los precios de la electricidad y garantiza la actividad de nuestros sectores industriales». Al respecto, el informe realizado por la Cámara señala que el cierre de Cofrentes implicaría un serio riesgo para la operatividad de más de 12.000 empresas industriales altamente dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y condicionan 235.000 empleos indirectos.
En concreto, sectores como la industria química, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico serían los más afectados, al asumir incrementos de costes energéticos y una pérdida de competitividad exterior, según el citado informe. Por ello, el presidente valenciano expresó la necesidad de asegurar en la región «un suministro energético estable y avanzar en la soberanía energética para seguir atrayendo inversiones a nuestro territorio que creen empleo y riqueza por es la antesala de mejores políticas sociales».
Frente común contra los «prejuicios»
Igualmente, el estudio estima que la clausura de la central de Cofrentes supondría renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunidad en materia energética, algo que, en palabras de Mazón «no nos podemos permitir».
El dirigente también expresó su compromiso para «hacer un frente común social, económico e institucional» a favor de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas como Cofrentes y Almaraz (Extremadura). Con ello, Mazón apeló «al diálogo y el consenso» con las comunidades autónomas en lugar de una política energética «a espaldas de las autonomías porque afecta a la competitividad del conjunto de España».
Mazón, reunido con el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata
Por ello, solicitó al Ministerio de Transición Ecológica que «revise el calendario de cierre previsto, acepte una moratoria con el tiempo suficiente de antelación y abandone los prejuicios ideológicos hacia una energía sostenible por la que están apostando otros países como Reino Unido y Suecia». Otra coincidencia entre Mazón y la Cámara fue la necesidad de revisar la fiscalidad de Cofrentes que está siendo penalizada con impuestos específicos que distorsionan su competitividad y desincentiva su explotación económica por las operadoras. Asimismo, abogó por simplificar los trámites burocráticos relacionados con el Pacto Verde Europeo, aumentar las inversiones públicas y privadas en innovación en este campo y acelerar el despliegue de energía renovable en coexistencia con la energía nuclear.
El presidente regional aseveró que la «firme apuesta de la Generalitat por avanzar en un modelo energético que combine las energías renovables como la solar, la eólica, y el hidrógeno verde, junto a otras como la nuclear, para reforzar nuestro sistema eléctrico y ganar en soberanía energética para no depender del exterior». En esta línea, ha reiteró el compromiso del Consell por facilitar una transición energética «justa, rigurosa y necesaria» para lo que ha puesto en valor medidas como el decreto ley de Simplificación Administrativa por «acortar plazos, eliminar trabas y agilizar la tramitación que están dando resultados hacia ese modelo energético sostenible».
