Pilar Bernabé, a su llegada a los juzgados de Valencia para declarar como testigo por la dana

Pilar Bernabé, a su llegada a los juzgados de Valencia para declarar como testigo por la danaEuropa Press / Rober Solsona

Los datos pedidos por el fiscal sobre el Cecopi y la Confederación del Júcar, claves para el futuro judicial de Bernabé y Polo

El Ministerio Público recuerda que el Comité de Dirección de la reunión está compuesto por el delegado o subdelegado del Gobierno, a la par que reclama informes sobre los avisos de la CHJ la tarde del 29 de octubre

Desde hace unas semanas, la derivada política de la crisis producida por la dana no es la única, ya que comparte protagonismo con lo relativo a la causa judicial que instruye la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. Entre declaraciones de víctimas, testigos, de la exconsejera de Interior y Justicia Salomé Pradas, de su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y otros trámites habituales en estos asuntos, el procedimiento continúa.

Este mismo martes, la magistrada rechazó elevar la condición de testigo a investigada a la delegada el Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, alegando que el máximo responsable de las labores de la protección civil en la región es el Ejecutivo autonómico. La noticia fue celebrada no solo por la propia aludida, sino por su partido, el PSOE, el Gobierno central y la izquierda en general, que la aprovechó para seguir cargando contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Miembros del Cecopi

No obstante, esa alegría y su utilización política ni mucho menos aparta de manera definitiva a Bernabé de asumir en un futuro una hipotética responsabilidad en el caso. Esta circunstancia es totalmente equiparable al máximo responsable de otro organismo dependiente de Pedro Sánchez y que, por el momento, está esquivando su imputación. Se trata del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Y es que, pese a la decisión de la juez, El Debate ha tenido acceso a un informe del fiscal del caso en el que reclama información acerca de las comunicaciones e identidad de los participantes el 29 de octubre en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), así como qué datos proporcionó la CHJ. Así, en el escrito, con fecha 9 de abril, el Ministerio Público recuerda que en ese tipo de reuniones, citando el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, el «Comité de Dirección» estará integrado «por un representante de la Generalitat Valenciana y un representante de la Administración General del Estado», siendo este último «el delegado del Gobierno / subdelegado del Gobierno de la provincia afectada». Por tanto, el fiscal sitúa a Bernabé en el citado Comité de Dirección.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, junto al presidente de la CHJ, Miguel Ángel Polo

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, junto al presidente de la CHJ, Miguel Ángel PoloDelegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Del mismo modo, y entre otras solicitudes, pide que se «identifique, mediante nombre, apellidos y cargos», a todas las personas que conformaban el Cecopi la tarde de la riada (presencialmente o por vía telemática); a quiénes «componían el comité asesor al Comité de Dirección del Plan», a «la/s persona/s que coordinaron las actuaciones del Comité Asesor aludido», y que se aporten «los informes elaborados por el indicado grupo de seguimiento del riesgo en los que evaluara la situación de riesgo, y/o recabara los datos pluviométricos e hidrológicos necesarios para efectuar el seguimiento, y/o aconsejara al comité de dirección sobre las medidas de protección a la población que se consideraran necesarias».

En esta línea, el departamento liderado por Polo también deberá hacer un relato de qué acciones llevó a término el fatídico 29 de octubre del pasado año. A tenor de la reclamación del fiscal, deberá entregar un «oficio a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana a fin de que aporte los informes elaborados con motivo del seguimiento realizado en el ámbito territorial de dichas alertas, y los informes recabados y recibidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la valoración de la situación hidrológica y su previsible evolución». Pero no será un único documento, puesto que habrá sobre el río Magro y la rambla del Poyo; acerca de la comarca de la Ribera Alta; y un tercero que tratará sobre lo vivido en la Plana Utiel-Requena.

Cuando la juez tenga en su poder toda esta documentación y el Ministerio Público explique su parecer, el contexto judicial de Bernabé, Polo o de ambos podría dar un giro, con lo que el rechazo a investigar a la delegada del Gobierno hace escasos días quizás no sea inalterable.

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