Cuatro detenidos por un fraude de más de un millón de euros en subvenciones públicas durante la etapa de Ximo Puig

La Guardia Civil, en el marco de la operación «Uncover», ha desarticulado un entramado empresarial por defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos.

Una denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades de las ayudas públicas otorgadas a once empresas domiciliadas en Elche dio inicio a la investigación de la Guardia Civil.

Fraude estructurado mediante contrataciones ficticias

Las empresas investigadas solicitaban subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes cualificados o personas en situación vulnerable. Aunque los contratos laborales inicialmente sí se formalizaban, en la mayoría de los casos no respetaban los requisitos que exige la normativa. En muchas ocasiones los trabajadores eran despedidos al poco tiempo, presentaban bajas voluntarias o las empresas cesaban su actividad.

Durante casi un año, el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante ha analizado la trazabilidad del dinero recibido, detectando desvíos a gastos personales y transferencias entre cuentas bancarias vinculadas a los implicados. Parte del dinero fue utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama o fines ajenos al objeto de las ayudas.

Registros en viviendas y oficinas del grupo empresarial

El pasado mes de abril se efectuaron registros en un domicilio particular de Elche, donde residía el considerado líder del grupo, así como en unas oficinas aún en uso en el parque tecnológico de la misma localidad. En la operación se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y diversa documentación de interés, además de practicarse bloqueos de cuentas y propiedades.

Tras su puesta a disposición judicial, los cuatro detenidos fueron puestos en libertad, con la imposición de medidas cautelares para el supuesto líder.

A todos ellos se les imputan los delitos de fraude de subvenciones, estafa, pertenencia a grupo criminal, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.

Así se detectó el fraude

La investigación se ha desarrollado bajo la dirección de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Fiscalía Provincial de Alicante, con la colaboración de LABORA.

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha informado que Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha detallado que los hechos que se investigan tuvieron lugar entre 2021 y 2022, bajo el gobierno de Ximo Puig.

Según se ha hecho constar en la denuncia, Labora detectó actuaciones sospechosas en determinados programas de ayudas de empleo (Ecovul, Ecogju y Ecovut) en los que se subvenciona la contratación de personas desempleadas. Así, se detectaron bajas de trabajadores que pasaban a otras empresas en las cuales también se habían solicitado subvenciones, y en las que el sector de la actividad y el modo de proceder era similar, o empresas que solicitaban subvenciones y antes de finalizar los dos años cerraban, siendo el administrador común.

En este sentido, Antonio Galvañ ha destacado que desde Labora se han implementado medidas de control de subvenciones para evitar situaciones fraudulentas.

Así, se han aumentado los requisitos para acceder a las subvenciones y se han establecido más controles que eviten el fraude, como investigar las vinculaciones entre empresas o exigir que no tuvieran contratos indefinidos en los últimos tres meses.

Por otra parte, Galvañ ha añadido que se han cambiado las convocatorias de ayudas y se ha reducido del importe a conceder por trabajador (han pasado de 28.000 euros a 10.000 euros este año) han logrado que el interés en defraudar no sea rentable. Asimismo, se comprueba el mantenimiento del alta del trabajador subvencionado durante los dos años que existe de obligación de mantenimiento mínima.

«Es lamentable que haya empresas y personas que estén usando las ayudas para fomentar la empleabilidad de las personas con dificultades de encontrar trabajo en su propio beneficio de manera fraudulenta», ha declarado Galvañ, que ha asegurado que «desde el Consell se va a vigilar aún más que el uso de las subvenciones llega a quien realmente lo necesita».