Politización de las víctimas de la dana: una alto cargo de Compromís, portavoz de una asociación para llevar a Mazón «a los tribunales»

Uno de los asuntos que en los últimos días más ha protagonizado la actualidad política en la Comunidad Valenciana en lo relacionado con las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre. Si 13 de este mismo mes de mayo algunos colectivos se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas y el último jueves lo hicieron en la capital del Turia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la última noticia es que todos los damnificados, estén asociados o no a alguna organización, podrán ser parte activa de la comisión de investigación en las Cortes regionales.

Es previsible que uno de los grupos que acudan al Parlamento autonómico sea la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, que aglutina a alrededor de 300 miembros. Uno de los aspectos que llaman la atención es que su portavoz sea Mariló Gradolí, que en la actualidad trabaja como asesora del grupo parlamentario que Compromís tiene en el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Catarroja. Si el lector entra en la la página web del colectivo, al primer vistazo podrá hacerse una nítida idea de cuáles son los objetivos de éste. Lo explican en valenciano:

«Queremos llevar a Carlos Mazón y su Gobierno a los tribunales», comienza el texto. Y continúa con claros juicios políticos: «Denunciar ante la justicia y la sociedad valenciana su responsabilidad criminal antes de la dana, durante la dana y después de la dana. Porque son responsable des muertes que eran evitables si hubiesen avisado a la ciudadanía con antelación suficiente. Porque no estuvieron al lado de las víctimas y las zonas afectadas ni el día siguiente a la catástrofe ni las semanas y meses posteriores: no proporcionaron ninguna ayuda, ni material ni humanitaria», se señala en la publicación.

Y no se queda ahí: «Porque aún esconden información y mienten, en lugar de dar explicaciones claras. Porque no solo se niegan a asumir responsabilidades, sino que pretenden pasar página y que no se hable más. Porque no han mostrado ninguna empatía con las víctimas, ni han pedido perdón ni se han retirado de unos cargos que no han sabido ejercer con eficacia, honestidad y dignidad. Porque nos han fallado a los valencianos y valencianas -comentan erigiéndose en portavoces de los más de cinco millones de habitantes de la Comunidad-. Porque los responsables del desastre natural humano no pueden pretender continuar cogidos a sus sillas como si no tuvieran ninguna responsabilidad». Para qué quedarse cortos.

Con este planteamiento no es de extrañar que la diputada de Compromís en las Cortes Valencianas Isaura Navarro pida solemnemente que a la citada comisión de investigación no vayan todos los afectados que opten por ello, sino únicamente tres asociaciones, entre las que, casualmente, está la que representa Gradolí. En opinión de la exconsejera se basa en que el hecho de poder dar voz a las víctimas independientemente de que se hayan asociado o no responde a una «jugarreta» del Partido Popular y Vox por la simple circunstancia de no limitar la participación a solo tres colectivos. No solo eso, sino que lo cataloga como «inhumano e indigno» e, incluso, se atreve a pronosticar que ambas formaciones «manipularán las comparecencias» para que los que intervengan lo hagan «con un relato hecho».

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lo tiene claro y sigue manteniendo que «toda politización de las víctimas es mala y rechazable», así como la «rentabilización política de su dolor y de sus pérdida», ya que «ese dolor es compartido por todos los valencianos independientemente de sus ideas políticas».