Mazón lleva dos años bajando impuestos y encara la reconstrucción sin ayudas a fondo perdido del Gobierno

Una de las máximas prioridades del entonces candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat y hoy jefe del Consell, Carlos Mazón, fue la bajada de impuestos una vez llegase al poder para así revertir una política fiscal de los gobiernos encabezados por el socialista Ximo Puig en coalición con Compromís y Unidas Podemos que calificó en diversas ocasiones como un «infierno». Lo plasmó en su día en programa electoral y, una vez consolidada su contundente victoria en las elecciones del 28 de mayo de 2023, ha hecho lo propio en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV).

No tardó mucho tiempo en hacerlo. Así, el entonces Ejecutivo compuesto por PP y Vox eliminó de un plumazo cargas impositivas creadas por la izquierda como la tasa turística. De hecho, su implementación estaba prevista para el mes de diciembre de 2023, pero un decreto de la Consejería de Haciendo lo zanjó. En este sentido, Mazón también bonificó al máximo los impuestos de Sucesiones y Donaciones de cara a que la Comunidad fuese, y ya es, uno de los territorios nacionales donde menos se paga por ello: «Se acabó el impuesto a la muerte. Se acabó pagar por morirse», dijo tras aprobarlo el mandatario.

Las cifras que arroja dicha reforma no son algo baladí. De este modo, la Generalitat estima que los valencianos se han ahorrado 99 millones en el citado «impuesto a la muerte» y «4,8 millones en el impuesto que grava las transmisiones en vida».

Pese a la oposición frontal de socialistas y nacionalistas, el Consell siguió su hoja ruta en materia fiscal y, por ello mismo, también modificó el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, la región es «pionera» en España a la hora de aplicar «deducciones fiscales sociales para rentas medias y bajas» en ámbitos relacionados con la salud y el deporte (gafas, dentista, enfermedad crónica, enfermedad mental, gimnasio…) En total, la Administración autonómica calcula que más de 424.600 personas se han beneficiado de al menos una de ellas en su primer año de aplicación con un ahorro total de más de 51 millones en su declaración del IRPF de 2023.

Esta política que se define como «pagar lo justo es lo justo» se mantiene. Y todo a pesar del impacto económico y financiero provocado por la dana y los correspondientes trabajos para reconstruir la provincia de Valencia. Y, al mismo tiempo, pese a no contar con la ayuda del Gobierno central en lo que a ayudas a fondo perdido se refiere y que, por primera vez en más de una década, la región no cuenta con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario.

Al respecto, la Generalitat recuerda que éste es un mecanismo que permite financiar el exceso de déficit de años anteriores y aportar liquidez a las autonomías que no reciben suficientes ingresos del sistema de financiación para atender pagos a proveedores. En el caso de la Comunidad Valenciana, la no aprobación del extra FLA a estas alturas del ejercicio (normalmente se aprueba en diciembre del ejercicio precedente) «pone en riesgo la llegada de 1.900 millones de euros en julio y de otros 600 millones en diciembre, ya que la cuantía total a financiar es de 2.500 millones de euros». Darle la vuelta a ello «depende exclusivamente de la voluntad política del Gobierno».