Promoción de Generación Zoe en redes sociales
La Audiencia Nacional procesa a dos hermanos de Elda por una estafa piramidal de cuatro millones de euros
Daniel y Camilo Paterna lideraban en España la trama de Generación ZOE, con más de 100 víctimas
La Audiencia Nacional ha acordado continuar el procedimiento penal contra 18 personas vinculadas a Generación ZOE España, empresa radicada en la localidad alicantina de Elda, por su presunta implicación en una estafa piramidal que habría defraudado cerca de cuatro millones de euros a más de un centenar de inversores entre 2020 y 2021. En el centro de la estructura delictiva se encuentran los hermanos Daniel y Camilo Paterna, señalados como presunto presidente y vicepresidente de la filial española de esta organización creada originalmente en Argentina por Leonardo Cositorto, actualmente condenado a 12 años de prisión.
El juez de la Audiencia Nacional atribuye a los procesados delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales. Según detalla en su auto, los acusados crearon una organización jerarquizada con reparto de tareas que operaba bajo la fachada de una escuela de liderazgo, coaching ontológico y asesoramiento financiero, y que ofrecía supuestas inversiones de alta rentabilidad a través de criptomonedas, un wallet virtual y el uso de robots de inversión. No existía actividad económica real, ni posibilidad alguna de retorno.
Víctimas y a la vez promotores
Las oficinas de Generación ZOE en España estaban situadas en Elda, desde donde se dirigía la captación de inversores. Las víctimas eran atraídas por medio de redes sociales, reuniones presenciales y grupos de WhatsApp y Telegram, donde los administradores ofrecían beneficios económicos elevados, presuntamente garantizados. El juez indica que «este esquema tipo piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran al ver los grandes beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores».
La adhesión al sistema comenzaba mediante la adquisición de una «membresía» con una permanencia obligatoria mínima de tres años. Inicialmente, los pagos se realizaban por transferencia bancaria, pero posteriormente se operaba exclusivamente en metálico, tanto para ingresar como para retirar fondos. La estructura ofrecía un incentivo del 20 % por cada nuevo cliente que captara un inversor previo, lo que convertía a las víctimas en promotores del propio sistema.
Campañas para reforzar la estafa
El auto destaca que todo el entramado se diseñó para aparentar legitimidad y éxito económico. Se emplearon recursos considerables en campañas de publicidad y marketing, especialmente en redes sociales, para generar una imagen de solidez. Incluso se anunció públicamente la adquisición del Club Atlético Saguntino, equipo de la Tercera RFEF, como parte de la estrategia para dar apariencia empresarial.
«La empresa no generaba ningún rendimiento. Era una mera simulación que se mantenía gracias al flujo constante de nuevos inversores», afirma el juez. Las supuestas herramientas tecnológicas -como los 'bots' de inversión- no tenían sustento real, y las cantidades recaudadas no eran reinvertidas, sino desviadas para otros fines.
Parte del capital recaudado se desvió a cuentas en Andorra y Estonia, especialmente tras conocer que se estaba abriendo una investigación. El resto del dinero se destinó, según el auto, a la adquisición de inmuebles, vehículos de alta gama, reintegros en efectivo y gastos con tarjetas personales de los responsables. La Fiscalía cifra el fraude en aproximadamente cuatro millones de euros.
Situación procesal y próximos pasos
El procedimiento judicial sigue su curso con 18 personas procesadas. Dos de los investigados han quedado excluidos de forma provisional. Otros tres han sido declarados en rebeldía y están en busca y captura. El juez ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar sus escritos de acusación.
El caso Generación ZOE ha tenido impacto mediático en varios países, y en España encuentra su núcleo en Elda, donde se centralizó la actividad de captación, la dirección operativa y la apariencia de legitimidad empresarial. La instrucción pone ahora el foco en el enjuiciamiento de quienes, desde allí, habrían dirigido una red que actuó «con reparto de cometidos y diversas cronologías» para sostener un engaño sostenido por la apariencia de éxito y el engaño sistemático.