Imagen de archivo de Pilar Bernabé, Carlos Mazón, Pedro Sánchez y Diana Morant durante una reunión del Cecopi tras la dana
El PSOE se enfanga en el relato de la dana tras las declaraciones ante la jueza que instruye la causa
Durante los casi once meses que han transcurrido desde que el pasado 29 de octubre una dana arrasara más de 70 municipios de la provincia de Valencia y dejara a su paso 229 muertes, la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, líder del PSPV-PSOE y candidata socialista a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, ha sido de absoluta locuacidad, e incluso belicosa, a la hora de atribuir toda la culpa de la tragedia al presidente regional, Carlos Mazón.
A lo largo de todo este tiempo, se ha expuesto un relato construido convenientemente desde las entrañas propagandísticas del Palacio de La Moncloa para defender los intereses de los mencionados, por lo que se ha seguido y se ha reproducido de manera monótona no solo por ellos, sino también por el resto de ministros y todo el PSOE en bloque. El tronco del mensaje era que el Gobierno no tuvo ni la más mínima responsabilidad en la tragedia ni antes, durante ni después de la riada y que, por el contrario, Mazón es el gran culpable porque contaba con toda la información para minimizarla.
Las palabras que se dicen en el Congreso, ante los periodistas o en mítines de partido, como el papel, todo lo soportan. Sin embargo, cosa bien distinta es cuando se pronuncian en sede judicial y, más concretamente, si el compareciente acude en calidad de testigo, ya que está obligado por ley a decir la verdad. Es por ello que resulta llamativo el silencio de Sánchez, Bernabé, Morant y tantos otros después de que el pasado viernes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo se sentara ante la jueza que instruye la causa sobre la gestión política del temporal.
Gobierno y PSOE, cada vez más solos
Su comparecencia ante la instructora y las partes personadas en el procedimiento arrojó no pocos titulares, ya que contradicen algunas afirmaciones que en su día expuso Bernabé, también como testigo, y, por lo tanto, hace saltar por los aires la narrativa diseñada con enero y maniqueísmo por el Ejecutivo para salir indemne. El argumentario sigue siendo el mismo. No ha variado un ápice, pero resulta evidente que los ánimos en el seno del Gobierno y del PSOE ni mucho menos son los mismos, ya que respiran que la opinión pública no compra la mercancía que propone por considerarla averiada y fuera de la realidad.
Imagen de archivo de Pilar Bernabé junto al presidente de la CHJ, Miguel Polo
Conforme pasa el tiempo y la instrucción va creciendo, especialmente tras declaraciones como la de Polo, los socialistas se van quedando cada vez más solos en la defensa de un marco mental que tan solo compra la izquierda radical, bien sea esta en forma de partidos políticos, asociaciones de toda clase y condición o sus satélites mediáticos, recitadores habituales de todas y cada una de las consignas dadas.
Una muestra son las manifestaciones mensuales contra Mazón, que poco o nada tienen que ver con las primeras en lo que asistentes se refiere, consecuencia de mantener contra viento y marea un relato pese a la fuerza de los hechos. Otro síntoma de esa huida hacia delante es el tan repentino como prolongado silencio de Sánchez, su delegada en la Comunidad y de la propia Morant desde que Polo acudiera al juzgado y sus respuestas provocaran no pocas fisuras en el discurso que el Gobierno creía amarrado pero que se desmorona a marchas forzadas.
Caudales en el barranco del Poyo
En este sentido, Sánchez y los suyos, con Bernabé y Morant como principales escuderas, siguen sosteniendo que Mazón en particular y la Generalitat Valenciana en general contaban con toda la información para actuar en consecuencia. De ahí no hay quien les mueva pese a que el propio Polo reconociera que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se comenzó a hablar de la situación en el barranco del Poyo en la tarde-noche del fatídico 29 de octubre, con decenas de municipios ya inundados.
Por si no fuera suficiente, también confirmó lo que el Gobierno todavía sigue sin asumir públicamente: entre las 16:15 y las 18:45 la Confederación que preside Polo no envió a Emergencias de la Generalitat correo electrónico alguno con los datos actualizados de caudales en el Poyo, epicentro de la tragedia. Lo hizo cuando el nivel era ya de 1.800 metros cúbicos. Una circunstancia sangrante que se ve agravada por no avisar tampoco de que los sensores que miden los citados caudales no funcionaban. Según señaló en su declaración, «no» pensó que fuese relevante comunicarlo a los presentes en el Cecopi, en el que participó de manera telemática tras asistir a unas conferencias en la Universidad Politécnica de Valencia y a su posterior ágape.
Todo ello no ha hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya cambiado ni siquiera de manera accesoria su particular visión de los hechos, consistente básicamente en insistir por activa, pasiva y perifrástica que su personal lo hizo todo absolutamente de manera correcta, mientras que todo lo malo que se pudo haber llevado a cabo fue por parte de la Generalitat. Y no hay atisbo alguno de que el panorama vaya a cambiar.