Mazón prohibirá las subvenciones a entidades que promuevan los 'países catalanes', exhiban esteladas y llamen catalán al valenciano

La nueva Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano «impedirá otorgar subvenciones a entidades privadas que persigan objetivos directamente contrarios a la Constitución y, por ello no se concederán ayudas públicas a las asociaciones que promuevan la federación de territorios prohibida por el artículo 145 de la Constitución, entendiéndose especialmente incluidas las que utilicen la denominación de los 'países catalanes'». La norma da un paso más y también establece que no recibirán «subvención ni aquellos que exhiban esteladas, ni los que atribuyan a la cuatribarrada catalana la condición de enseña de la Comunidad Valenciana, ni los que se refieran a la lengua de los valencianos como catalán, ni los que insulten de una forma u otra a la identidad del pueblo valenciano».

Al respecto, la Ley subraya que «la lengua valenciana es la lengua propia y el idioma oficial, al igual que el castellano, de la Comunidad Valenciana y es, además, la principal seña de identidad del pueblo valenciano».

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunciará en el Debate de Política General, que comienza este martes en el Parlamento autonómico, la nueva norma, a cuyo articulado ha tenido acceso El Debate, con la que se pretende poner freno a las maniobras del independentismo catalán para extender sus teorías separatistas.

La Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano consta de veintidós artículos y pone especial énfasis en las subvenciones públicas. Al respecto, la norma impulsada por Mazón señala que «en protección de los símbolos y señas de identidad valencianos se prohíbe expresamente a todos los poderes públicos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, otorgar subvenciones, ayudas públicas o realizar patrocinios en favor de entidades que persigan objetivos directamente contrarios a la Constitución, como la federación de territorios prohibida por el artículo 145».

La nueva Ley, que de acuerdo con las fuentes consultadas por El Debate se aprobará en este periodo de sesiones de las Cortes Valencianas (que finaliza en junio del próximo año), también veta las ayudas públicas a las organizaciones que «promuevan, justifiquen o hagan apología del terrorismo, la violencia política y social, el conflicto armado, la rebelión en los términos comprendidos en el código penal, los referéndums y las consultas populares no convocados legalmente, la xenofobia, del odio a las señas de identidad valenciana y cualquier clase de discriminación injusta o que atente gravemente a los derechos fundamentales y las libertades públicas».

Respeto al himno, la bandera y la lengua

Asimismo, la mayoría parlamentaria de centro derecha prohibirá por Ley la concesión de subvenciones a entidades que «menoscaben la Autonomía de la Comunidad Valenciana en cuanto a la denominación de su territorio, bandera, himno y lengua propia que, según declara el Estatuto de Autonomía es el valenciano».

En el año 2015 se aprobó una ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que se derogó en 2016 por parte de la izquierda, liderada entonces por el socialista Ximo Puig con el respaldo de Compromís y Podemos, aduciendo que su aprobación era un «elemento de confrontación social y política».

Ahora, el Gobierno que lidera el PP entiende que resulta «necesario regular nuestras señas de identidad y darles el reconocimiento legal, que ya tienen socialmente, para evitar la introducción de símbolos y señas ajenos que lo que buscan es sustituir aquellos que han sido reconocidas históricamente por la mayoría de los valencianos».

Al respecto, la nueva ley de Señas de identidad del Pueblo Valenciano reformula la de 2015 y amplía los instrumentos de protección del Gobierno valenciano, según consta en el Preámbulo de la norma a la que ha tenido acceso El Debate y que ya está en puertas de comenzar su periplo parlamentario, en el que tendrá el respaldo de PP y Vox, y por consiguiente la mayoría absoluta frente al PSPV-PSOE y Compromís.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, la nueva normativa legal impulsada por el presidente de la Generalitat constituye «una apuesta decidida por el reconocimiento de la labor del valencianismo cultural y en concreto de las entidades centenarias creadas para la recuperación y defensa de la cultura valenciana», según se expone explícitamente en el artículo siete.

Así, en el artículo 16, «se reconoce expresamente la capacidad docente que desarrollan la Real Academia de Cultura Valenciana y la asociación cultural Lo Rat Penat en la divulgación y defensa de las señas de identidad del pueblo valenciano y, en especial, de la lengua valenciana».

Régimen sancionador

Al respecto, la nueva Ley «establece la obligación de que una de las asociaciones que tenga por finalidad estas labores de recuperación y promoción de las señas de identidad, forme parte del Consejo de Participación de la Comunidad Valenciana», de acuerdo con el punto doce de su articulado.

La Ley se aplicará en la Comunidad Valenciana, pero «reconoce el derecho de las comunidades en el exterior a tener conocimiento de las señas de identidad valencianas».

Asimismo, la norma que saldrá adelante en los próximos meses gracias a la mayoría de centro derecha que decidieron los electores en los comicios autonómicos de mayo de 2023, «promueve la colaboración interadministrativa para la promoción y defensa de las señas de identidad pero establece un régimen sancionador para la vulneración por las administraciones públicas valencianas de la ley, estableciéndose la retirada de subvenciones públicas».

Los ayuntamientos, afectados por la Ley

En concreto esta Ley «permitirá que no reciban subvenciones públicas los ayuntamientos que organicen actos de reivindicación contrarios a las señas de identidad valencianas». Esta medida afecta de llenos a consistorios de izquierdas que enarbolan las tesis catalanistas, conforme ha venido denunciando El Debate.

La nueva norma del Gobierno de Carlos Mazón también permitirá a la Abogacía General de la Generalitat «perseguir las afrentas a las señas de identidad valenciana que se puedan producir por Administraciones Públicas foráneas». En este sentido, conforme ha venido publicando El Debate, tanto la Generalitat de Cataluña como el Gobierno de Pedro Sánchez han continuado otorgando ayudas a entidades que promueven las tesis de los 'países catalanes' en la Comunidad Valenciana.

En ese sentido, y frente a las recurrentes injerencias de otras autonomías como Cataluña, «la Abogacía estará legitimada para perseguir a las Administraciones Públicas que establezcan en su guías e información turística, la gastronomía y fiestas valencianas como propias».

Para ello, la norma incluye un régimen sancionador en sus artículos 19, 20 y 21. Así, será considerada como infracciones muy graves «la utilización de términos o expresiones en comunicaciones por cualquier medio o procedimiento, así como los actos expresos que supongan grave injuria o menosprecio de las señas de identidad valencianas, que excedan de la consideración de la libertad de expresión».

Sin subvenciones durante tres años

Tendrán la misma consideración de infracción muy grave el «uso de términos o expresiones en comunicaciones por cualquier medio o procedimiento, que atenten contra la individualidad o singularidad de la lengua valenciana».

Las infracciones muy graves serán sancionadas con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolución que determine la sanción y la «retirada total de cuantas ayudas se hubieran concedido a la entidad infractora y la prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas de carácter autonómico por el plazo de tres años».

La nueva Ley alumbrada por el Gobierno de Mazón establece un «reconocimiento absoluto de la singularidad e individualidad del valenciano y en especial de su uso popular y tradicional y ordena su investigación y recuperación».