Mazón toma la iniciativa frente a los socios independentistas de Sánchez con una Ley anti 'países catalanes'

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, toma la iniciativa política frente a los partidos independentistas, como ERC y el de Carles Puigdemont, que sustentan en el Gobierno a Pedro Sánchez. El dirigente del PP confirmó en el acto del inicio del curso político de la formación en la Comunidad Valenciana, que contó con el respaldo de Miguel Tellado, «número dos» de Alberto Núñez Feijóo, su intención de impulsar una Ley de Señas de Identidad que, conforme avanzó El Debate, prohibirá de forma expresa las subvenciones a entidades y asociaciones que defienden las tesis de los llamados 'países catalanes'.

El Partido Popular cuenta con el respaldo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas, lo que garantiza la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante la nueva norma. De hecho, el tercer punto del acuerdo firmado entre ambas formaciones para la investidura de Mazón ya contemplaba la aprobación de «una Ley de Señas de Identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España».

La norma recupera la esencia de la Ley aprobada por el último Gobierno del presidente popular Alberto Fabra, derogada por la izquierda tras su victoria en las elecciones autonómicas de 2015, en una de las primeras decisiones del socialista Ximo Puig, que contó con el apoyo de Compromís y Podemos, hoy sin representación en el Parlamento autonómico.

Conforme ha venido informando El Debate, la Ley que perfila Mazón pone negro sobre blanco la obligación de respetar los símbolos consagrados en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, como la denominación oficial o la bandera.

Por ello, quedarán excluidas de cualquier tipo de ayuda o subvención pública las entidades que empleen terminología como la de 'país valencià' o la enseña catalana en lugar de la bandera con la franja azul coronada.

Aunque el Gobierno de Mazón ya ha comenzado a «cerrar el grifo» de las ayudas públicas a este tipo de entidades, la norma de Señas de Identidad Valencianas persigue blindar por Ley las subvenciones a entidades que promueven las tesis secesionistas en una región en la que el respaldo en las urnas a estas teorías ha sido, históricamente, residual.

Al respecto, el pacto suscrito con Vox cita literalmente que «eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los 'países catalanes'».

El anuncio formal por parte de Mazón de la nueva iniciativa legislativa entre las medidas que pretende acometer en la segunda mitad de la legislatura se producirá en el Debate de Política General, que tendrá lugar entre los días 23 y 25 de septiembre en las Cortes Valencianas.

El anuncio, que vendrá acompañado de otra batería de medidas, cobra especial simbolismo, toda vez que se producirá en vísperas del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana. De hecho, como ha informado El Debate, algunos ayuntamientos gobernados por la izquierda están empleando la bandera de Cataluña para conmemorar la festividad, como el caso de la localidad alicantina de Muro de Alcoy, gobernado por Compromís, como ya hiciera un año antes el de Ondara, presidido por un alcalde del PSOE.

La nueva Ley de Señas de Identidad también servirá para contrarrestar el apoyo que continúan brindando en forma de subvenciones otras Administraciones Públicas, como la Generalitat de Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa, o el propio Gobierno de Pedro Sánchez a entidades con sede en Valencia que promulgan la entelequia de los 'países catalanes'.

La medida afectará de lleno a organizaciones como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), socia de los separatistas de Òmnium Cultural y la Obra Cultural Balear en su objetivo de «trabajar por un futuro compartido para los países catalanes'» y partidaria de «romper las fronteras administrativas impuestas por España».

La Plataforma per la Llengua, que se autoproclama la «ONG» del catalán, o Escola Valenciana, son otras de las organizaciones subvencionadas históricamente por la izquierda que, con la nueva Ley, perderán los recursos públicos.

El debate parlamentario, además, servirá al PP para poner frente al espejo a los socialistas de la ministra Diana Morant, que siguen gobernando España gracias al apoyo de ERC y Junts per Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, dos formaciones partidarias de extender las tesis separatistas en la Comunidad Valenciana, y reprochar el respaldo brindado por la izquierda en su última etapa al frente de la Generalitat, en forma de subvenciones a entidades que no respetan una Ley Orgánica como el Estatuto de Autonomía.