La Guardia Civil destapa un asentamiento ilegal con 60 viviendas en suelo inundable de la Vega Baja en Alicante

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil de Alicante investiga a 20 personas, de entre 35 y 88 años, por su implicación en la creación y explotación de un complejo residencial ilegal situado en suelo no urbanizable y en una zona inundable de un municipio de la Vega Baja.

Según ha informado el instituto armado, en el recinto se han detectado graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad. El enclave funcionaba como un núcleo residencial con calles asfaltadas y unas 60 casas móviles o mobil homes, muchas de ellas ampliadas con porches y terrazas, además de disponer de servicios comunes como piscina, bar o instalaciones deportivas.

Entre los investigados se encuentran propietarios del terreno, gestores, arrendadores y dueños de las viviendas, a quienes se les atribuyen delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Dos de ellos también están acusados de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su participación en un vertido contaminante.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertaba sobre un vertido de aguas residuales sin depurar a una acequia destinada a evacuar aguas de riego. Un informe pericial confirmó posteriormente que las aguas vertidas tenían características contaminantes capaces de alterar de forma sustancial el equilibrio del entorno natural y afectar a la agricultura de la zona.

60 personas empadronadas

Durante la inspección, los agentes comprobaron que las viviendas estaban instaladas en suelo no urbanizable, sin licencia urbanística, y con conexiones a agua, luz y red de saneamiento. En la práctica, el complejo operaba como una urbanización, con unas 60 personas empadronadas de forma permanente.

El gerente del recinto habría empleado distintas estrategias para mantener la actividad, como crear nuevas empresas o comprar terrenos colindantes con el fin de ampliar las instalaciones. Además, las viviendas se ofertaban a través de una página web gestionada por una empresa británica, lo que facilitaba captar nuevos clientes.

Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante, y el caso se instruye en el Juzgado de Torrevieja. De forma paralela, el ayuntamiento correspondiente ha decretado el cierre del complejo, aún pendiente de ejecución, y se ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio para restaurar la legalidad urbanística alterada.