Imagen de un panel informativo de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia.
Así queda la Zona de Bajas Emisiones de Valencia tras el rechazo de Vox: ¿van a multar desde el 1 de diciembre?
Lío en el Ayuntamiento de Valencia que puede acabar siendo extremadamente caro para las arcas municipales. Esta semana resultó rechazada la Ordenanza municipal que iba a regir la Zona de Bajas Emisiones de la capital del Turia. Pese a todos los votos a favor por parte de Vox en las pertinentes comisiones, la formación de Abascal se unió a PSOE y Compromís para votar el plan de control y circulación para los vehículos a partir del 1 de diciembre. ¿Qué pasa ahora con el control de cámaras que preveía multas según la etiqueta medioambiental de la DGT?
Valencia se ha llenado de cámaras sobre los semáforos cuyo uso iba a ser controlar el acceso y circulación de los vehículos por la ciudad. Desde este 1 de diciembre de 2025 se iba a prohibir el tránsito a vehículos con la etiqueta medioambiental A de la DGT que estuvieran matriculados fuera de la provincia de Valencia, incluyendo en esta 'lista negra' a Alicante y Castellón.
La cuantía de las multas por saltarse la Zona de Bajas Emisiones de Valencia aún no se había desvelado, pero sí que las restricciones irían en aumento tanto en enero de 2027 como en enero de 2028, delimitando en primer lugar el acceso a los vehículos con etiqueta medioambiental A de fuera de la ciudad de Valencia y en último lugar a cualquier vehículo con dicha etiqueta aunque estuviera matriculado en la tercera capital del España.
El Ayuntamiento de Valencia quiso trasladar tranquilidad al respecto porque actualmente en la ciudad sólo se verían afectados «un 8%» del parque de vehículos, por lo que en dos años la cifra aún sería menor. Pero el revés llegó inesperadamente desde la bancada de Vox.
La formación de derechas se unió con PSOE y Compromís para votar en contra de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia. En el caso de Vox se justificó la negativa por defensa a sus «principios», mientras que la oposición se excusó señalando la laxitud de los controles anunciados por el Ayuntamiento de Valencia.
El voto de Vox con la izquierda en el Ayuntamiento de Valencia pone en jaque tanto la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones como amenaza con una cuantiosa sangría en las arcas públicas municipales. En caso de que acabe el año 2025 sin la ZBE operativa, el Consistorio debería desembolsar más de 135 millones de euros.
Obviamente sin el voto a favor del pleno del Ayuntamiento de Valencia no hay ZBE, ni multas ni control de las matrículas, por lo que a menos de un mes de su inicialmente anunciada entrada en vigor, no se puede asegurar que el 1 de diciembre se comience a multar.
El voto de Vox junto con PSOE y Compromís implica que en el caso de que acabe 2025 sin la entrada en vigor de la ZBE de Valencia, el Ayuntamiento deba devolver la financiación europea recibida para dicho proyecto, que roza los 58 millones de euros. Además, el Consistorio sería sancionado y debería desembolsar una cuantía que representa el 100 % de las ayudas europeas. Otros 58 millones de euros. A ello habría que sumarle un tercer epígrafe que depende del Gobierno de España, ya que otorgó las ayudas estatales para el transporte con la obligación de cerrar este 2025 ya teniendo efectiva la Zona de Bajas Emisiones. En este caso se estima una cuantía superior a los 20 millones de euros. Es decir, 136 millones de euros.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia debe ahora negociar a contrarreloj para conseguir que en el último mes del año 2025 entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones y evitar así el desembolso de 136 millones de euros, cifra que representa un 10 % del presupuesto municipal para 2025. Mientras, los conductores se libran de tener el control por matrículas y de posibles multas.