Imagen de archivo de la cola en la oficina de empadronamiento de Valencia
Alquilan la casa a dos inmigrantes, les echan por conflictivos y se encuentran con que hay siete empadronados
Una vecina de Burriana ha denunciado que en dos viviendas de su propiedad hay empadronadas varias personas que nunca han residido en ellas. El caso, ocurrido en esta localidad castellonense, ha reavivado el debate sobre los controles en el proceso de empadronamiento y las dificultades que afrontan algunos propietarios para regularizar la situación de sus inmuebles.
Según ha relatado la afectada a El Debate, ambas casas fueron alquiladas a personas inmigrantes: una a una familia y otra a dos jóvenes. «Al año y medio, por impagos y conflictos vecinales, decidí no renovarles el contrato. Dejaron las viviendas, pero cuando quise empadronarme de nuevo en ellas, el Ayuntamiento me dijo que ya estaban 'ocupadas' en el padrón», explica. En una de las casas, asegura, figuraban empadronadas ocho personas y en la otra cinco, ninguna con contrato en vigor ni relación con la propiedad.
La mujer denuncia que en el consistorio le explicaron que este tipo de situaciones son relativamente comunes. «Me dijeron que hay gente que cobra por empadronar a otros. No me lo podía creer», lamenta. Su testimonio pone de manifiesto un vacío de control que afecta a muchos municipios: ¿qué requisitos son realmente necesarios para empadronarse en una vivienda?
Qué dice la ley sobre el empadronamiento
El padrón municipal es el registro administrativo que acredita la residencia y el domicilio habitual de los vecinos de un municipio. Según el artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o de la titularidad del inmueble.
Esto significa que no se necesita ser propietario ni tener contrato de alquiler para empadronarse. Basta con acreditar la identidad mediante un documento válido: DNI, pasaporte o tarjeta de residencia y declarar un domicilio en el que se vive habitualmente. La ley no exige que el propietario firme ningún documento autorizando el empadronamiento, aunque algunos ayuntamientos lo solicitan de forma adicional.
Imagen de archivo de la cola en la oficina de empadronamiento de Valencia
En los casos en que una persona no pueda presentar contrato o recibo de suministros, la normativa permite empadronarse mediante una declaración responsable o con el informe de los servicios sociales, que acreditan la residencia de hecho. Incluso quienes viven sin domicilio fijo, en infraviviendas o en la calle, tienen derecho a estar inscritos en el padrón, asignándoseles una dirección de referencia gestionada por los servicios sociales.
La moción de Compromís
El debate sobre el control y las garantías en este procedimiento se ha trasladado también al ámbito político. En Valencia, el grupo municipal Compromís ha presentado una moción para eliminar las barreras al empadronamiento y garantizar que todas las personas puedan inscribirse, aunque no puedan acreditar documentalmente su residencia.
La propuesta, firmada por la concejal Eva Coscollà Grau, recuerda que la inscripción padronal «es independiente de la situación administrativa de la persona o de la titularidad de la vivienda» y reclama que los ayuntamientos no exijan más documentación de la prevista en la ley. Entre las medidas que propone se encuentran:
- No pedir la autorización del propietario del inmueble.
- Permitir el alta mediante una declaración responsable de residencia.
- Empadronar a personas sin hogar o en infraviviendas mediante direcciones ficticias gestionadas por los servicios sociales.
- Aplicar el silencio administrativo positivo si el Ayuntamiento no responde en el plazo de tres meses.
Compromís argumenta que el empadronamiento es clave para acceder a derechos básicos como la sanidad, la escolarización o las ayudas públicas, y que las trabas administrativas pueden conducir a situaciones de exclusión.
El caso de Burriana refleja una tensión creciente entre el derecho al empadronamiento y la necesidad de evitar abusos. Mientras las administraciones locales deben garantizar que toda persona residente figure en el padrón, los propietarios piden mecanismos que impidan el uso indebido de sus viviendas por parte de terceros sin su consentimiento.
En la práctica, el padrón municipal es una herramienta de gestión demográfica, pero también una puerta de acceso a servicios públicos. Su regulación, aparentemente técnica, se ha convertido en un tema sensible que mezcla la protección de derechos sociales con el control administrativo y el respeto a la propiedad privada.
