El escándalo de los abusos sexuales dinamita la estrategia de Sánchez en la Comunidad Valenciana

En política y en otros sectores profesionales, cuando un proyecto comienza su andadura se suele decir que goza de cien días de gracia para que se le pueda juzgar con un mínimo de perspectiva y no caer en la crítica fácil. Sin embargo, hay otras hojas de ruta que, también utilizando otra expresión popular, en vez de nacer con estrella, pudiera parecer que nacen estrellados. Un caso de esto último podría ser el diseño orgánico que institucional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ideó para la Comunidad Valenciana a corto y medio plazo.

En este sentido, el plan del jefe del Ejecutivo para tratar de consolidar una etapa próspera en la región pasaba por que la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, consiguiera la alcaldía de la capital; que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, fuese la próxima presidenta de la Generalitat; y que, al mismo tiempo, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, encabezase las listas de su partido al Congreso de los Diputados en el momento en que se celebren las elecciones generales.

Pero la sucesión de escándalos que rodean tanto al partido como al Palacio de La Moncloa ha derivado en que ese triple propósito se haya derrumbado bastante tiempo antes, incluso, de que pudiera estar cogiendo forma. A Bernabé y a Torró le han puesto en el disparadero sus respectivas gestiones de los supuestos abusos sexuales. Respecto a la primera, cabe destacar que en Ferraz ocupa la Secretaría de Igualdad, con lo que el caso Salazar le afecta irremediablemente.

No son pocas las críticas contra ella, con varias peticiones de dimisión incluidas, por parte de la oposición, que le acusan de haber frenado las denuncias de compañeras contra el ya exdirigente socialista y de «silenciar» lo ocurrido. Su habitual presencia en los medios a raíz de la dana de Valencia se ha visto repentinamente reducida. Aunque Bernabé ha pedido «perdón» y «disculpas», todavía no ha explicado el «falló informático» por el que el PSOE asegura que dichas denuncias se borraron y por qué han aparecido después. Tampoco lo ha hecho con el motivo por el que no se acude a la Fiscalía con toda la información disponible.

No es la primera polémica sonora que protagoniza la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Meses atrás ya fue noticia cuando se dio a conocer que en su currículum figuraba que era licenciada en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual cuando no era así. En su día achacó el asunto a un «error» del PSOE y cambió su formación de licenciada a «inició sus estudios».

El panorama no es menos sombrío para Torró. Secretaria de Estado de Industria, dejó ese cargo para asumir la Secretaría de Organización socialista tras conocerse el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. Eso ocurrió en julio, y no son pocas las informaciones que aseguran que el elegido por Sánchez para ese puesto era el propio Salazar, pero que el runrún sobre su presunto abuso sexual truncó el movimiento.

Ya asumiendo sus responsabilidades internas como número tres de Ferraz, la pasada semana fueron varias federaciones las que en una reunión sobre el caso Salazar organizada de urgencia cargaron conta Torró por impedir que el protocolo antiacoso que tiene el PSOE se aplicara según lo establecido, presuntamente paralizando así las denuncias de varias mujeres.

No solo eso, sino que las últimas revelaciones apuntan a que, Torró, siempre de manera supuesta, habría podido dejar en el limbo lo relativo a las denuncias contra Salazar por los «vínculos» y la «estrecha relación personal» que mantendría con él. Además, los casos se les acumulan tanto a ella como a Bernabé, ya que están el de Torremolinos con Antonio Navarro y el de la Diputación de Lugo, con José Tomé.

En lo relativo a Morant, la controversia tiene que ver con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y con un hipotético desfalco de 25 millones de euros destinados al estudio del cáncer. De nuevo, las sombras de la inacción y de un denunciante al que no se le hace caso hace acto de presencia, dado que el Ministerio que ella dirige habría ignorado dos cartas de un alto cargo del organismo público en las que comunicaba irregularidades en contratos durante 18 años. Pese a ello, y aunque el secretario de Estado no le respondió, fue despedido del CNIO.