La Fiscalía pone por primera vez el foco en el Gobierno por la gestión de la dana de Valencia

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia sigue avanzando en sus actuaciones de cara a tener una visión completa de la gestión política e institucional de las riadas. En este sentido, ha dictado este jueves una providencia en la que acepta una petición del fiscal y por la que acuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) identifique a los agentes o guardas fluviales que realizaron las labores de control y vigilancia propias de sus funciones en la demarcación coincidente con la provincia.

Igualmente, pide al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que informe de las zonas, subzonas, sectores y subsectores en los que cada uno de los agentes o guardas desempeñaron su cometido y de los términos municipales que comprende cada una de las referidas zonas, subzonas, sectores y subsectores y que informe de los cauces (ríos y barrancos) que discurren ellas.

En su escrito providencia, Nuria Ruiz Tobarra acuerda otras diligencias de investigación. Entre ellas, reclamar al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que, en el plazo de tres días, remita un informe con la identificación personal de cada uno de los bomberos forestales que el día de la tragedia, a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias, fueron a realizar funciones de seguimiento y vigilancia del río Magro en el área del puente de Carlet (bomberos forestales de la Unidad de Alzira), y del Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent-Picaña- Paiporta (Unidad de Bomberos Forestales de Buñol).

42.756 kilómetros cuadrados

Del mismo modo, pide a la Consellería de Medio Ambiente para que, también en el plazo de tres días, remita informe sobre los agentes medioambientales dependientes de este departamento que el 29 de octubre ejercieron sus funciones ordinarias en la provincia de Valencia, con su identificación personal y ubicación de trabajo de cada uno de ellos, y el horario en el que trabajaron.

Por otro lado, el Ministerio Público también había solicitado que, una vez practicada la identificación de los guardas fluviales se tomara declaración a los que ejercieron sus funciones en las zonas, subzonas, sectores y subsectores de la demarcación hidrográfica del Júcar por los que discurren ríos y barrancos relacionados con los hechos investigados.

Sin embargo, sobre esta segunda petición, la jueza ha decidido que resolverá una vez esté cumplimentada la petición anterior «y atendiendo al volumen de agentes de la CHJ que hubieran sido ubicados en cada uno de los puntos de control que tengan relación con los hechos objeto del presente procedimiento».

La Fiscalía formuló la petición después de que la CHJ remitiera un escrito al Juzgado en el que comunicaba que el territorio de la demarcación hidrográfica del Júcar tiene una superficie de 42.756 kilómetros cuadrados, que cubre parte de cinco comunidades autónomas y ocho provincias. A efectos de inspección, vigilancia y control del dominio público hidráulico, la demarcación del Júcar se divide en cuatro zonas, ocho subzonas y 41 sectores, cinco de los cuales se dividen en dos subsectores por tener una carga de trabajo más alta.

Mensaje Es-Alert

A cada sector o subsector hay asignado un agente o guarda fluvial y adicionalmente hay un responsable por zona y un responsable por subzona. El día 29 de octubre de 2024 los agentes y guardas en activo ascendieron a 50, desplegados por todo el territorio de la demarcación, según la CHJ. Posteriormente, tras pedirle que identificara a los agentes que, el 29 de octubre de 2024 ejercieron sus funciones, la CHJ remitió en diciembre un escrito al que adjuntó una relación de los 50 agentes o guardas fluviales que realizaron su cometido por el territorio de la demarcación hidrográfica del organismo.

Finalmente, tras recibir un oficio de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana con la identificación de los trabajadores que se encontraban desempeñando sus funciones en los dos puestos de operación de la Sala de Mando y Control del CCE de la Generalitat la tarde de la dana, la magistrada ha acordado citar nuevamente a un técnico que intervino en el envío del mensaje del Es-Alert a la población y que ya había declarado en sede judicial el pasado mes de mayo.

La decisión se adopta dado que en el registro de entradas y salidas de firmas de esos puestos consta que el técnico ocupó uno de ellos desde las 14:45:53 hasta las 20:12:51 horas si bien en su declaración del 6 de mayo de 2025 en el Juzgado indicó que se incorporó a su puesto de trabajo a las 14:30 y que ese día salió a las 2 de la madrugada.