Imagen de archivo de varias personas por la noche en Paiporta días después de la dana
La jueza de la dana cita a tres testigos por contradicciones con el exjefe de gabinete de Mazón
La jueza de Catarroja que investiga la gestión política de la dana del 29 de octubre de 2024 ha continuado este miércoles 7 de enero son sus actuaciones de cara a esclarecer qué sucedió institucionalmente hablando en las riadas que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En este sentido, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra citará a declarar como testigos al abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Consellería de Justicia en ese día y al Abogado General de la Generalitat, así como al subdirector general del departamento que dirigía Salomé Pradas, Ricardo García, en relación con las conversaciones mantenidas sobre un posible confinamiento de la población.
Así lo señala en un auto de fecha de este miércoles según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que la instructora accede a la petición de uno de los letrados de la acusación, que solicitaba identificar a los abogados de la Generalitat que entre las 19:45 horas y 20:00 horas efectuaron asesoramiento respecto de un posible confinamiento de la población y en relación con el proceso de toma de decisiones en las medidas destinadas a la protección de la ciudadanía. Esto, según el letrado, conllevó un retraso del envío del ES-Alert.
En el documento, la jueza indica que la Abogacía de la Generalitat «intervino realizando asesoramiento», un hecho que se desprende del informe aportado a la causa, de fecha de 26 de diciembre de 2025. En ese escrito se indica que el 29 de octubre de 2024 «ningún alto cargo de la Consellería de Justicia e interior, de Medio Ambiente o de Presidencia de la Generalitat formuló consulta escrita a la Abogacía de la Generalitat Valenciana».
No obstante, la tarde del día 29 de octubre 2024 se recibieron «llamadas telefónicas de corta duración» en relación con el fenómeno meteorológico que se estaba produciendo. Según el informe, al que hace referencia el auto, el entonces subsecretario de la Consellería de Justicia e Interior llamó al abogado coordinador de la Abogacía en ese departamento y le preguntó si un eventual confinamiento «tendría soporte jurídico», a lo que el abogado de la Generalitat contestó «afirmativamente».
Asimismo, Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia , llamó al abogado general de la Generalitat para «avisarle de la posibilidad» de que la consellera de Justicia e Interior, Pradas, investigada en la causa, «contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento». El abogado general manifestó su disponibilidad. De acuerdo con el informe, «después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente, ni por escrito».
Contradicciones
La magistrada considera procedentes y «relevantes» estas tres citaciones y explica que el informe recibido de la Abogacía «contradice» las manifestaciones de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón referentes a que Cayetano García «habría hablado con la Abogacía de la Generalitat» y que su respuesta en relación con la posibilidad de un confinamiento por parte de Pradas sería el motivo de los mensajes que le remitió Cuenca a ésta en los que le decía que no acordara esa medida para toda la provincia.
La magistrada subraya en el auto que a las 19:54 horas del 29 de octubre de 2024 Cuenca dijo a la exconsellera: «Salo. De confinar nada por favor. Calma». Y, de acuerdo con su declaración, estos mensajes «se basan en las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que al testigo se las habría transmitido el señor Cayetano García».
En cambio, el informe de fecha de 26 de diciembre de 2025, suscrito por el Abogado General de la Generalitat, «habla sólo de dos llamadas cortas, y que en una de ellas se habría afirmado que un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, indicando los preceptos en los que podría fundamentarse».
En paralelo, Ruiz Tobarra también ha ordenado incluir en la causa los mensajes que mandó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, mandó a Mazón el día de la dana. Así se desprende del auto dictado y notificado este miércoles a las partes en el marco del procedimiento sobre la catástrofe.
En la resolución, ha ordenado unir a las actuaciones y dar trasladado a las partes del escrito y el acta notarial presentados por el propio Feijóo, en el que se aporta los mensajes de WhatsApp que éste remitió al entonces jefe del Consell. En esos mensajes, el líder de la oposición se interesó por el número de muertos y desaparecidos y preguntó a Mazón si el Gobierno le había llamado. Además, le recomendaba en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es «la clave», según consta en el acta notarial.