Marcos Benavent acompañado de su abogado, Juan Carlos Navarro
«Yo no soy zombie»: el 'yonki del dinero' se enfrenta al juicio por presuntos amaños en contratos culturales en Valencia
El exgerente de Imelsa Marcos Benavent se sienta en el banquillo por la pieza E del caso Taula, con seis años de prisión solicitados por Anticorrupción
Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y conocido por haberse definido como el 'yonki del dinero', ha vuelto este lunes a la Ciudad de la Justicia de Valencia para ser juzgado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Valencia. A su llegada al complejo judicial, poco antes de las diez de la mañana, lanzó un mensaje a los medios de comunicación: «Yo no soy zombie. Los zombies son otros».
El juicio, que arranca este lunes, se celebra en la sección quinta de la Audiencia de Valencia y corresponde a la denominada pieza E del caso Taula. El procedimiento investiga supuestos amaños en contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007, un periodo vinculado a la etapa de la fallecida María José Alcón.
Antes de acceder a la sala, Benavent ha insistido en que no era un «trabajador zombie»: «Yo no soy un trabajador zombie, los zombies son otros». Preguntado por su vinculación laboral, ha respondido: «Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro», en referencia a su declaración ante el tribunal.
Junto a Benavent comparecen otros cuatro acusados. Entre ellos se encuentra Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just, así como tres representantes legales o apoderados de empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos investigados. Todos afrontan acusaciones por delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación.
El proceso judicial se centra en contratos relacionados con trabajos de limpieza, consolidación, restauración y mantenimiento de distintos monumentos históricos de la ciudad, como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y de la Trinidad. También se analizan adjudicaciones vinculadas a la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y a la XXVII edición del festival de cine de la Mostra.
Peticiones de cárcel e indemnización
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Benavent una condena de seis años de prisión. Le atribuye los delitos de cohecho, en calidad de cooperador, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además de la pena de cárcel, reclama una multa de 29.000 euros y su inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
Para Vicente Burgos, exmarido de Alcón, el Ministerio Público pide cinco años de prisión. En el caso de los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent, la acusación solicita penas de tres años de cárcel para cada uno.
En materia de responsabilidad civil, el fiscal interesa que Benavent y Burgos indemnicen a la Generalitat Valenciana con 164.626,08 euros por el desvío de fondos públicos a través de la Fundación Jaume II el Just.
Comisiones y adjudicaciones
Según el escrito de acusación provisional, Benavent fue «colocado» en la fundación por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos. El fiscal sostiene que, pese a percibir un salario público, «en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales».
La acusación recuerda que la Fundación Jaume II el Just fue extinguida por la Generalitat el 26 de diciembre de 2017, tras acumular pérdidas superiores a 13 millones de euros asumidas por las arcas públicas. Añade que la entidad no fue fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas hasta 2016, año en el que presentó su primer informe.
Durante el periodo investigado, siempre según la Fiscalía, «Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos», garantizando la adjudicación a cambio de un porcentaje que se entregaba en efectivo una vez concedido el contrato. El dinero recaudado se repartía posteriormente y, en algunos casos, se repercutía en el coste final de las obras mediante incrementos presupuestarios.
El escrito fiscal también recoge que, además de pagos en metálico, en el contrato relacionado con la Mostra el empresario Enrique Aleixandre llegó a entregar un vehículo a Benavent. El juicio continuará en las próximas sesiones con la práctica de la prueba y las declaraciones de los acusados.