La jueza de la dana pide identificar a los bomberos que vigilaron el barranco del Poyo y el río Magro

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 ha acordado pedir a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia (SGISE) que remita la identificación personal de cada uno de los bomberos forestales que ese día vigilaron el barranco del Poyo y el río Magro.

En concreto, pide los datos de los bomberos forestales que, a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, fueron el 29 de octubre de 2024 a vigilar el río Magro en el área del puente de Carlet (la Unidad de Alzira), y el Barranco del Poyo en las áreas de Torrent-Picanya-Paiporta (Unidad de Bomberos Forestales de Buñol).

Así consta en una providencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que la instructora acuerda esta medida a raíz de un informe del Consorcio provincial de bomberos de Valencia que señala que la gestión del personal y el histórico de datos de los componentes de las unidades de bomberos forestales corresponde a la SGISE.

Además, en otra providencia, la jueza Nuria Ruiz Tobarra pide que la SGISE remita los documentos de la convocatoria del consejo de administración del día de la dana, con la relación de personas convocadas, el orden del día de ese consejo de administración, y el acta de esa sesión.

Finalmente, la jueza ha dictado un auto en el que rechaza la petición de uno de los dos imputados en esta causa, el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, de pedir a la Conselleria competente en Emergencias el documento oficial de autoprotección frente a inundaciones vigente los días 28 y 29 de octubre de 2024 y si era accesible públicamente.

La instructora señala que, según ha comunicado la Generalitat, esa guía de autoprotección frente a inundaciones se elaboró con posterioridad a octubre de 2024 y el investigado no ha aportado ninguna prueba de que se hiciera antes, e indica que tampoco procede determinar la accesibilidad de un documento del cual se afirma su inexistencia.