Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Alicante
La ONU señala al Gobierno de Sánchez por aplicar una de las leyes de costas más duras contra los ciudadanos
Un estudio internacional sitúa el modelo español entre los más restrictivos mientras casos como el de las casas de la playa de Babilonia ejemplifican el choque entre dominio público y derechos adquiridos
Las viviendas centenarias de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, amenazadas de demolición pese a estar habitadas desde hace generaciones, se han convertido en el símbolo más visible de un problema que ya trasciende el ámbito local. Un estudio presentado por Naciones Unidas sitúa a España, bajo los sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez, entre los países con una legislación de costas más dura contra los ciudadanos, por su impacto sobre el derecho de propiedad y por la debilidad de las garantías para los afectados.
El informe fue presentado este jueves en Ginebra por la Comisión Económica para Europa de la ONU (UNECE), en el marco de una jornada técnica sobre la regulación de los terrenos colindantes con masas de agua. En el encuentro participaron expertos académicos y representantes de distintos Estados, así como SomosMediterrania, el grupo de interés que agrupa a 54 asociaciones costeras españolas y que acudió en representación de los colectivos directamente afectados por la aplicación de la Ley de Costas.
El trabajo, coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, analiza la normativa de 26 países y evalúa seis ámbitos clave: la titularidad del suelo, las competencias administrativas, los cambios de propiedad, los mecanismos de transmisión al dominio público, las implicaciones vecinales y su reflejo en los registros públicos. La UNECE prevé publicar en los próximos meses el estudio definitivo junto con conclusiones y recomendaciones.
Dominio y cambios de propiedad
Según los resultados preliminares, la mayoría de los países analizados consideran públicos los terrenos situados frente al mar, pero con enfoques muy distintos. En conjunto, el 51,3 % de las respuestas clasifican estas zonas como propiedad pública, frente a un 23,3 % de propiedad privada sujeta a restricciones y un 16,6 % de propiedad privada sin limitaciones relevantes. En más del 80 % de los Estados se registran cambios de titularidad del suelo desde el ámbito privado al público.
Imagen de las viviendas de la playa de la Babilonia desde el mar
El informe subraya que estas transferencias no se producen únicamente mediante expropiación, sino también a través de compra, donación o herencia, y que en torno al 20 % de los casos la declaración de dominio público va asociada a compensaciones limitadas. Como consecuencia, los derechos de los antiguos propietarios pueden verse reducidos de forma significativa o incluso desaparecer, una situación que en algunos países es percibida como una expropiación sin garantías suficientes.
El caso español
Durante el debate posterior a la presentación, los representantes de SomosMediterrania han señalado que, a la luz del análisis comparado, España se sitúa entre los modelos más restrictivos, especialmente por el impacto directo de la regulación sobre los particulares y por los escasos mecanismos de participación pública en la elaboración normativa, un enfoque que se ha consolidado durante los mandatos de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
El estudio recoge, en contraste, ejemplos como Grecia, donde no existen playas privadas pero sí concesiones limitadas bajo condiciones de mantenimiento, accesibilidad y uso público, o Finlandia, que apuesta por un modelo más flexible y con mayor protagonismo municipal, sin una franja pública obligatoria generalizada entre el mar y la propiedad privada.
Una reforma paralizada en el Congreso
Este diagnóstico internacional coincide con un bloqueo político interno que mantiene sin resolver el conflicto. Desde hace más de dos años, una reforma de la Ley de Costas destinada a dar seguridad jurídica a viviendas tradicionales del litoral permanece paralizada en la Mesa del Congreso de los Diputados, controlada por el PSOE con el apoyo de Sumar y Compromís.
Imagen aérea de las viviendas de la playa de la Babilonia
La iniciativa fue aprobada en el Senado el 12 de enero de 2024 y volvió a salir adelante en el Congreso el 10 de junio de 2025, pero en ambos casos quedó congelada mediante sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas. El debate nunca ha llegado a la Comisión de Transición Ecológica. Mientras tanto, los procedimientos administrativos y judiciales continúan avanzando hacia la demolición de viviendas.
Manolo López, portavoz de la Asociación Guardamar Playa y del movimiento cívico Somos Mediterránea, resume en declaraciones a este periódico el sentir de los afectados: «Es absolutamente inconcebible que se mantenga este bloqueo».
Decenas de miles de viviendas en riesgo
El alcance del problema es nacional. Un análisis de Newtral cifra en 86.426 las viviendas situadas en la costa que se encuentran en riesgo por la aplicación de la Ley de Costas, repartidas en más de 11.000 edificios residenciales dentro o en el límite del dominio público marítimo-terrestre. Casi el 89 % fueron construidas antes de 1988, cuando existían concesiones indefinidas, o quedaron afectadas por posteriores cambios en la línea de deslinde.
Para SomosMediterrania, el estudio de la UNECE refuerza la urgencia de desbloquear la reforma legal y avanzar en el desarrollo autonómico de la normativa. Casos como el de Babilonia, advierten, muestran que el debate ya no es solo técnico o ambiental, sino una cuestión de seguridad jurídica y de derechos básicos para decenas de miles de ciudadanos que viven desde hace años pendientes de una orden de demolición.