Desembalses por toda España mientras los pantanos del Segura no llegan ni a un tercio de su capacidad

España afronta el inicio de febrero con una fotografía hídrica marcada por el contraste. Mientras buena parte del país gestiona excedentes de agua y activa desembalses preventivos por la sucesión de borrascas, la cuenca del Segura continúa anclada en una situación de escasez crónica, muy lejos de la recuperación que sí se aprecia en la mayoría del territorio.

Los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, correspondientes a esta semana, sitúan la reserva hídrica española en el 67,3 % de su capacidad total, tras un aumento semanal del 8,06 %, el segundo mayor desde que existen registros. La mejora es generalizada y afecta a casi todas las grandes cuencas del país, impulsada por un mes de enero excepcionalmente lluvioso y por el deshielo de las nevadas acumuladas.

Ese incremento ha llevado a una situación inédita en muchos sistemas, con embalses prácticamente llenos y desembalses preventivos para garantizar la seguridad aguas abajo. Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña afrontan estos días una gestión de la abundancia que contrasta de forma abrupta con la realidad del sureste peninsular.

Un país que desembalsa

La imagen de los embalses liberando agua se repite en buena parte de España. Las cuencas con mayor capacidad almacenada se sitúan muy por encima de la media nacional: las cuencas internas de Cataluña rozan el 92 %; Tinto, Odiel y Piedras supera el 94 %; y Galicia Costa se mueve en torno al 85 %. En Andalucía, el conjunto de embalses alcanza ya el 62,6 %, casi 25 puntos más que hace un año, lo que ha obligado a activar desembalses en más de medio centenar de presas ante la previsión de nuevas lluvias.

También el Tajo presenta niveles elevados. La cuenca almacena 7.894 hectómetros cúbicos, el 71,4 % de su capacidad, y mantiene activos avisos hidrológicos por caudales altos en varios puntos de Guadalajara y Toledo. Presas como Azután o El Vado están desembalsando de forma controlada para prevenir riesgos.

El contraste Tajo-Segura

Frente a ese escenario, el Segura vuelve a quedar descolgado. Con solo 354 hectómetros cúbicos embalsados, la cuenca apenas alcanza el 31 % de su capacidad, menos de la mitad de la media nacional y muy lejos del nivel del Tajo. La comparación entre ambas cuencas resume el desequilibrio del mapa hídrico español: mientras una gestiona excedentes, la otra sigue instalada en la emergencia estructural.

Las lluvias de enero han permitido una leve mejora respecto a semanas anteriores, pero no han servido para corregir un déficit que se arrastra desde hace años. La cuenca del Segura sigue siendo la única de España por debajo del 50 %, lo que refuerza su dependencia histórica de los recursos externos y, en particular, del trasvase Tajo-Segura.

El trasvase, en el centro del conflicto

Este escenario vuelve a situar el trasvase en el centro del debate político y territorial. Pese a los elevados niveles del Tajo, el Gobierno ha consolidado un nuevo incremento del caudal ecológico en Aranjuez, lo que supone una reducción estimada de más de 70 hectómetros cúbicos anuales para las cuencas receptoras de Murcia, Alicante y Almería.

Los regantes del sureste consideran que el recorte al trasvase no responde a criterios técnicos ni hidrológicos, sino a una decisión política impulsada desde Castilla-La Mancha y asumida por el Gobierno central. El agravio resulta difícil de justificar: mientras el Ejecutivo autoriza desembalses continuos en la cuenca del Tajo para aliviar presas llenas y evitar crecidas, se niega el agua al Segura, que sigue muy por debajo de los niveles necesarios para garantizar el riego y el abastecimiento en condiciones normales.

En este contexto, señalan directamente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como el principal valedor de una estrategia que prioriza vaciar embalses en su territorio antes que mantener los envíos al sureste. A ello se suma otra reclamación recurrente del sector agrario: el Tajo sigue enviando importantes volúmenes de agua a Portugal, incluso por encima de los mínimos exigidos en el Pacto de Albufeira, mientras se endurecen las reglas del trasvase hacia Alicante y Murcia. Una paradoja que, a juicio de los regantes, evidencia que el problema no es la falta de agua, sino la voluntad política de repartirla.

Desalación impuesta y campo asfixiado

La respuesta del Gobierno pasa por consolidar la desalación como sustituto del trasvase. Para el campo del sureste, esta solución no es una alternativa real, sino una imposición. El agua producida en las plantas de Torrevieja y Valdelentisco tiene un coste que oscila entre 1,14 y 1,44 euros por metro cúbico, un precio que multiplica el del agua trasvasada y que muchas explotaciones no pueden asumir sin entrar en pérdidas.

Las comunidades de regantes advierten de que este modelo no solo pone en riesgo la viabilidad de miles de agricultores, sino que terminará encareciendo la cesta de la compra. El recorte del trasvase, insisten, no elimina la demanda de agua, sino que la sustituye por un recurso mucho más caro y energéticamente dependiente, con un impacto directo en la competitividad del sector.

Las consecuencias ya son visibles en la llamada huerta de Europa. Desde 2017, la superficie regable no solo no ha aumentado, sino que se reduce de forma progresiva, lastrada por la inseguridad hídrica y por la presión de otros usos del suelo. Todo ello mientras los regantes siguen pagando los costes fijos del trasvase, llegue el agua o no llegue, en un sistema que consideran cada vez más desequilibrado y políticamente condicionado.

Con este telón de fondo, España arranca febrero con embalses llenos y ríos al límite en gran parte del país, mientras el sureste vuelve a mirar al cielo y al BOE con la misma incertidumbre de siempre. Un contraste que, una vez más, reabre el conflicto del agua.