Víctimas de la dana anteponen la politización de la tragedia a las ayudas comprometidas por Llorca

La sesión de control al Consell celebrada este miércoles en las Cortes Valencianas, la primera del nuevo periodo de sesiones, ha tenido como gran punto de interés informativo el anuncio por parte del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de una ayuda directa de 80.000 euros a las familias de cada una de las víctimas mortales que dejó la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024. En total, el montante de la medida asciende hasta los 18,4 millones de euros.

Sin embargo, la iniciativa no ha sentado especialmente bien entre algunos colectivos de afectados, como son la Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre de 2024, la Associació de Víctimes Mortals de la dana 29-0 y Damnificados de l’Horta Sud. En un comunicado conjunto, los tres colectivos aseguran que no se trata de «una cuestión de dinero, sino de reconocimiento, responsabilidad, transparencia, prevención y cambio de políticas». Todo ello para concluir que «la dignidad de las víctimas no se compra».

Este relato choca con el que las dos primeras organizaciones sostuvieron tan solo catorce días antes, el 4 de este mismo mes. En esa ocasión, exigieron a la Generalitat que «reconozca a sus víctimas y asuma, de una vez, su responsabilidad», por lo que reclamaban indemnizaciones al igual que la administración ha hecho «por vehículos u otros bienes y ayudas escolares», ya que, afirmaban, se sentían en una situación «profundamente dolorosa y ofensiva» por considerarse «víctimas de segunda» en materia de indemnizaciones.

«No es cuestión de dinero»

Del mismo modo, pedían las dimisiones de la vicepresidenta primera, Susana Camarero, y la de los consellers de Hacienda y Agricultura, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, respectivamente, amén de insistir en que el expresidente Carlos Mazón dejase su acta en el Parlamento autonómico.

Dos semanas después, el panorama parece que ha cambiado, si bien solo en parte, puesto que pudiera inferirse que lo que se mantiene es la vertiente estrictamente política. En el comunicado tras el anuncio de Pérez Llorca, las dos asociaciones mayoritarias aseguran que el debate «no puede reducirse únicamente a una cuestión económica», señalando que «lo que está en juego no es una cuestión de ayudas ni de dinero, sino de reconocimiento a las víctimas mortales por parte de la Generalitat».

Si el día 4 hablaron explícitamente de indemnizaciones económicas, ahora «la reparación no se limita a compensaciones materiales», por lo que hacen hincapié en la «responsabilidad institucional», una forma suave de incidir en las citadas dimisiones, aunque esta vez sin nombrarlas una a una.

En el escrito, los colectivos hablan de cambiar políticas y para sostener su postura citan un informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que indicaba la influencia del cambio climático en la intensidad de la lluvia durante la dana. Más concretamente, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica lo cifra en un 21 %, tal como dio cuenta de ello El Debate.

En este sentido, solo responsabilizan al Consell de Pérez Llorca de continuar «evitando que se desarrollen políticas de adaptación a ese cambio climático que ya es una realidad». No obstante, no se nombra en ninguna línea del documento al Gobierno central en general ni a departamentos suyos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en particular, que tiene no poca responsabilidad y competencia a la hora de acometer obras hidráulicas, así como otro tipo de acciones.

Sin entrar a valorar si los 80.000 euros por familia de víctima mortal es mucho o poco, suficiente o insuficiente, a ambas organizaciones les «preocupa lo que ocurrió y cómo Mazón y Pérez Llorca perpetúan la mentira y los intentos de eludir la verdad», instando a que se «adopten medidas efectivas para que una situación similar no vuelva a producirse con las mismas consecuencias y que el Consell reconozca a las víctimas mortales».