Barcala defiende la legalidad de la vivienda pública adquirida por su mujer en 2006 y denuncia una «cacería» contra su familia

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha defendido la legalidad de la compra realizada en 2006 por su mujer de una vivienda de protección pública (VPP) y ha asegurado que tanto él como su familia están siendo objeto de una «cacería» en la que, a su juicio, «todo vale» para «difamar, ensuciar y emponzoñar». «No todo vale», ha advertido.

El pronunciamiento se produce tras la publicación de una información por parte de eldiario.es en la que se señala que la esposa del primer edil es propietaria de una VPO adquirida en 2006 y que actualmente se encuentra en alquiler, sin que ella haya residido en la vivienda.

Barcala ha comparecido ante los medios, sin admitir preguntas, para expresar su «profunda indignación» y para enmarcar el asunto en el contexto de la polémica por las adjudicaciones de VPP en la promoción Les Naus, en Playa de San Juan. Sobre este último caso, recuerda que ya se han producido dimisiones en el equipo de Gobierno: la de la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la de la directora general María Pérez-Hickman, ambas vinculadas a adjudicatarios de esos inmuebles. Las adjudicaciones están siendo investigadas por el juzgado de instrucción número 5 de Alicante.

Actuaciones municipales en Les Naus

El alcalde defiende que el Ayuntamiento ha reaccionado ante la controversia con la apertura de un expediente de averiguación de hechos y con inspecciones de la Policía Local en la promoción para verificar la ocupación de las viviendas y el cumplimiento de los requisitos. Además, avanza que se adoptarán «medidas muy contundentes» que se comunicarán próximamente.

También subraya que el Consistorio se limitó en su día a vender la parcela donde se levantó la promoción, una operación que atribuye al anterior gobierno municipal de izquierdas, y recalca que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat participaron en las adjudicaciones, que correspondieron a la cooperativa promotora.

En paralelo, destaca la apertura de un expediente a un funcionario de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de las VPP y ascendido por Compromís, al que señala como «la primera persona que incumplió la normativa».

Vivienda «para arrendamiento»

En relación con la vivienda adquirida por su esposa, Barcala explica que se trata de un inmueble de nueva construcción con calificación definitiva como vivienda protegida otorgada en abril de 2005 por la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda. Según detalla, dentro del edificio existían 12 viviendas destinadas exclusivamente al arrendamiento, no al uso propio de los compradores.

El alcalde niega que se tratara de un alquiler con opción a compra y sostiene que la normativa aplicable no obliga al adquirente a ocupar la vivienda, sino a mantenerla en régimen de arrendamiento durante el plazo establecido y respetando la renta máxima fijada oficialmente. «La obligación del comprador no es ocuparla. De hecho, no es para uso propio, sino destinarla a arrendamiento dentro de los precios máximos establecidos, tal y como establece la autorización de venta de 24 de mayo de 2006, concedida por la Conselleria de Territori i Habitatge. Y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad», afirma.

Asimismo, indica que la promoción formaba parte del desarrollo del Plan Parcial de Benisaudet, impulsado en su momento por el Instituto Valenciano de Vivienda para fomentar la construcción de inmuebles protegidos.

Desvinculación del caso Les Naus

Barcala insiste en que la adquisición se realizó conforme a la normativa vigente y que «se ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa». A su juicio, el asunto «no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de Les Naus y las VPP», y lamenta que se haya «traspasado una línea» en la que prima el ataque personal sobre el esclarecimiento de los hechos.

Por último, asegura que la controversia no modificará su posición respecto a la investigación de las adjudicaciones en Les Naus y ha reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido e impedir que las viviendas protegidas estén en manos de personas que no cumplan los requisitos establecidos.