Okupan viviendas de ancianos fallecidos en Alicante y la Generalitat las tapia para frenar nuevas entradas

La okupación ilegal ya no es un fenómeno aislado ni limitado a grandes ciudades. En los últimos años se ha convertido en un foco constante de conflicto también en promociones públicas, donde cada vivienda cumple una función social concreta y existe una enorme lista de espera. Cuando el inmueble afectado está destinado a personas vulnerables, el impacto es doble: se pierde el uso previsto y se retrasa el acceso de quienes dependen de ese recurso.

Eso es lo que está ocurriendo en el municipio alicantino de San Vicente del Raspeig, donde varios apartamentos tutelados para personas mayores han sido okupados tras el fallecimiento de sus inquilinos. El edificio, gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EHVA), organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, se encuentra en la calle Petrel, junto al hospital del municipio.

La promoción, diseñada hace veinte años consta de 39 viviendas concebidas para jubilados con rentas bajas que pueden desenvolverse de manera autónoma. Los alquileres se sitúan muy por debajo del precio de mercado, lo que permite a los residentes mantener una vida independiente sin asumir costes demasiado elevados.

Cuando uno de los arrendatarios fallece, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, inicia el procedimiento para adjudicar el apartamento a otra persona. Antes de la entrada del nuevo inquilino, la EHVA suele realizar trabajos de adecuación, ya que muchos residentes no han acometido reformas durante años. Ese intervalo ha sido clave en los últimos episodios.

Entradas tras los fallecimientos

Hace unas semanas, tras la muerte de uno de los ocupantes legales, una familia accedió al piso y permanece en él, según publica Información y ha confirmado este periódico. En otro caso, el mismo día del fallecimiento de un residente, varias personas entraron en la vivienda para llevarse pertenencias. Actualmente, hay otros tres apartamentos vacíos por el mismo motivo: el fallecimiento de sus titulares.

Algunos vecinos han explicado al citado medio que quienes entraron en uno de los inmuebles colocaron una sábana de grandes dimensiones para impedir la visión desde el exterior. También sostienen que lograron conectarse al suministro eléctrico de manera ilegal y que varias farolas exteriores situadas a ras de suelo quedaron sin iluminación.

Ante la sucesión de casos, la Conselleria de Vivienda ha adoptado una medida excepcional: tapiar las puertas de las viviendas desocupadas para evitar nuevas okupaciones mientras se tramita su rehabilitación y adjudicación. La decisión busca preservar los inmuebles hasta que puedan entregarse a quienes cumplen los requisitos.

Dispositivo policial y críticas a la ley

Fuentes municipales han señalado a El Debate que, tras conocerse las primeras ocupaciones y la posibilidad de más entradas, la Policía Local desplegó vigilancia constante en la zona. No obstante, subrayan las dificultades para atajar la situación. «Una vez conocida la okupación y la intención de nuevas okupaciones, la Policía Local ha realizado varios dispositivos durante este tiempo mediante vigilancia constante de la zona. Pero de nada sirve cuando la legislación favorece al okupa en vez de en este caso a las personas mayores que necesitan de esas viviendas, igualmente la Administración dispone de mecanismos para el desalojo en esa clase de situaciones».

Las mismas fuentes añaden: «La Policía no puede convertirse en vigilantes de viviendas de la Administración cuando la propia Administración central con sus políticas alenta a la okupación».

El caso ha puesto el foco en la vulnerabilidad del parque público de vivienda durante los periodos de transición entre adjudicaciones. En San Vicente del Raspeig, cada apartamento okupado supone una plaza menos para mayores con escasos recursos que esperan acceder a un alojamiento adaptado y asequible.