El Gobierno recurre ante el Constitucional la reforma de la Ley Trans valenciana y exige su suspensión inmediata

El conflicto político y competencial entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana a cuenta de los derechos LGTBI ha desembocado de forma definitiva en el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar un recurso de inconstitucionalidad contra las recientes modificaciones introducidas en la Ley Trans de la Comunidad Valenciana, avalado por el dictamen favorable del Consejo de Estado.

En su ofensiva judicial, el Gobierno ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución Española, un movimiento que fuerza la suspensión cautelar e inmediata de los preceptos autonómicos recurridos mientras el tribunal de garantías dirime el fondo del asunto. La decisión llega tras el fracaso de la vía diplomática en el seno de la Comisión Bilateral, donde ambas administraciones han sido incapaces de alcanzar un acuerdo sobre la redacción de la norma.

Los artículos impugnados se incluyeron mediante enmiendas pactadas por el PP y Vox dentro de la Ley 5/2025 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (la conocida como «ley de acompañamiento»). Estos cambios alteraron la ley autonómica original de 2017, diseñada para «garantizar el derecho a la identidad y expresión de género».

«Invasión de competencias»

El armazón jurídico del recurso estatal, sustentado en los informes de los ministerios de Igualdad, Sanidad, Juventud e Infancia, y Educación, Formación Profesional y Deportes, argumenta que la Generalitat ha sobrepasado sus límites. El Ejecutivo sostiene que la nueva legislación choca con la Ley Trans nacional (Ley 4/2023) y vulnera el artículo 149.1.1º de la Carta Magna, que otorga al Estado la competencia para la «regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».

El Gobierno central alerta de que la norma autonómica «modula» la prohibición vigente de las terapias de conversión, patologiza a las personas trans y menoscaba el derecho de los menores de edad a participar en las decisiones que les afectan. Por ello, concluye que se atenta contra derechos fundamentales básicos protegidos en los artículos 10, 14, 15 y 18 de la Constitución.

«No es suficientemente 'Sanchista'»

La confirmación del recurso este martes culmina un choque que se venía gestando durante meses. Ya el pasado 5 de febrero, tras el primer anuncio de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la Generalitat Valenciana rechazó frontalmente las acusaciones. Desde el Gobierno autonómico defienden que la reforma no recorta derechos, sino que «refuerza la protección de las personas trans».

La secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, enmarcó la impugnación en una estrategia partidista para «atacar el autogobierno de la Comunitat Valenciana, generar confrontación y buscar titulares», acusando al Ejecutivo de recurrir la norma «no por inconstitucional, sino por no ser suficientemente 'sanchista'».

El núcleo de la defensa del Consell radica en negar categóricamente que se haya abierto la puerta a las terapias de conversión. Según Quinzá, la afirmación del Ministerio «es rotundamente falsa», ya que el artículo modificado mantiene el título de 'Prohibición de terapias' y preserva la prohibición de prácticas que pretendan modificar la identidad de género mediante agresión o intimidación.

La Generalitat argumenta que la novedad de la ley radica en haber incorporado «la posibilidad de acompañamiento psicológico, social y emocional, siempre de forma libre y voluntaria, para personas y familias que atraviesan un proceso complejo». En este sentido, la secretaria autonómica fue tajante: «Confundir acompañamiento con conversión no es un error técnico, es una manipulación política deliberada».

El Consell ha aprovechado además para lanzar una contraofensiva política, acusando al anterior gobierno autonómico (el pacto del Botànic entre PSOE y Compromís) de haber «guardado en un cajón» denuncias reales de terapias de conversión ocurridas en 2019, 2021 y 2023, y reprochando a la ministra Redondo una supuesta inacción frente a problemas de violencia de género, como los fallos técnicos en los dispositivos de seguimiento a maltratadores o los recortes presupuestarios en políticas de corresponsabilidad.