La jueza sostiene que el día de la dana se pudo haber enviado un Es-Alert a las 17:20 «plenamente efectivo» para «salvar vidas»

Uno de los aspectos más relevantes de la instrucción penal que se sigue sobre la gestión política de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 y que puede derivar en la imputación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) va en la línea de lo expuesto por la jueza al elevar la causa es lo relativo al envío del mensaje Es-Alert a las 20:11 horas de aquel día.

Así, Nuria Ruiz Tobarra sostiene en su exposición razonada que sobre las 17:20 horas, en el Cecopi reunido de forma tardía, ya se expuso un mensaje Es-Alert por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que hubiera sido «plenamente efectivo» para salvar vidas, en una emergencia en la que las muertes eran «evitables».

En ese mensaje se aconsejaba subir a pisos altos, «lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y por ende, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas era un riesgo clarísimo que había de excluirse». Así lo señala en el escrit, en el que la jueza cita, uno a uno, los nombres de las 230 víctimas mortales (más otra posible en estudio) y detalla la forma en la que murieron.

A juicio de la instructora, la falta de adopción de medidas destinadas a alertar y proteger a la población fue el elemento determinante de la mortalidad en la dana. Para la magistrada, la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, estaba informada por cargos de emergencias sobre el riesgo del barranco, que escribió como del Pollo (sic) en sus notas, de la alerta hidrológica, del riesgo en el Magro y de la posibilidad de hacer uso de los «bomberos forestales».

«No solo se le alertó sobre el riesgo, sino sobre el hecho de que las lluvias que se producían en la cabecera de los barrancos, habrían de bajar irremediablemente atravesando la provincia de Valencia hasta el litoral valenciano», señala en el escrito.

Barranco del Poyo

De este modo, considera que la afirmación de que se desconocía el riesgo del Poyo en el momento del envío de la alerta a las 20:11 horas la desmiente el testimonio del jefe de Análisis del Riesgo de Emergencias, quien declaró que, tras prepararse inicialmente el mensaje por la Ribera Alta, lo que correspondería a la presa de Forata, se preparó uno «para toda la provincia».

Al respecto, subraya que, cuando se discutían cuestiones como confinar o no, las comarcas a las que debía de afectar ese supuesto confinamiento, «concepto malentendido dado que de lo que se trataba simplemente un aviso de salvaguarda en las múltiples posibilidades de carácter lógico ante el avance del agua, ya habían fallecido con toda seguridad más de un centenar de personas y se aproximaba a cerca de los 200».

Disquisiciones jurídicas y lingüísticas

«En una incomprensible disquisición jurídica y otra de menor duración, en este caso lingüística, no se adoptaron dichas medidas con la prontitud necesaria. Resulta incomprensible, porque ante una situación de riesgo extremo, como la que se estaba desarrollando, se perdía el tiempo buscando asesoramiento jurídico para decidir si la actuación estaba amparada por la Ley, se supone que ante el temor de violar algún derecho fundamental que esta juez todavía no ha llegado a discernir», agrega, para añadir que llegó a haber consultas en este sentido a la Abogacía a la Generalitat.

A su juicio, «resulta obvio que la adopción de medidas implicaba recomendaciones, órdenes a la población, a personas concretas, pero dada la naturaleza de la dana, del riesgo que se pretendía evitar, su vigencia temporal era escasísima, la restricción de la libertad de los ciudadanos era nula, y el beneficio para los afectados hubiera sido altísimo, si se enviaba con prontitud y con un contenido certero».

En este sentido, la instructora apunta que la existencia del ES-Alert no se le reveló a Pradas por un técnico a las 20:00 horas, como ella afirmó en un principio, «sino que estaba sobre la mesa del Cecopi desde las 17:20 horas», y era un medio «plenamente operativo», hasta el punto de que se envió uno a las 20:11 y otro a las 21:27 horas. «No requería de ningún tipo de validación estatal ni autorización», agrega, y subraya que la ejecución del primer envío «tardó solo 2:36 segundos».

La jueza detalla todo el proceso en este envío hasta que se lanzó a las 20:11 con el mensaje de 'Suspensión de viajes y movilidad innecesarias Alerta de Protección Civil Por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X@GVA112 y en Apunt'.

En esta línea, rechaza que fuera una cuestión de los técnicos, como ha argumentado Pradas, porque en una de las grabaciones se muestra a la exconsellera «que efectivamente incidía cuanto menos en parte del contenido del mensaje» y existe otra en la que, ya con Mazón en el Cecopi, ella señala: «antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver».

«No se limitaba a ser un mero testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar», además de que el mismo funcionario aseguró en su declaración que la exconsellera «acudió con un papel en el que se incluía el texto de la alerta, al objeto de que lo transcribiera, manifestándole que hasta que no lo viera no se se mandaba».

«El testigo declaró que estuvieron de brazos cruzados hasta que se dio la orden de enviar la alerta», indica. Para Ruiz Tobarra, en este proceso «se esperó hasta casi tres horas, desde que se habló en el Cecopi del envío del mensaje hasta que se materializó».