Benidorm negociará con Murcia Puchades el pago de los 283 millones de la condena por Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm abrirá una vía de negociación con la familia Murcia Puchades para abordar el pago de los 283 millones de euros, más intereses, a los que ha sido condenado por los aprovechamientos urbanísticos de terrenos incluidos en el sector APR-7, dentro del parque natural de Serra Gelada.

El alcalde, Toni Pérez (PP), confirmó este martes que el pleno municipal debatirá este viernes dos propuestas vinculadas al cumplimiento de la sentencia: la adhesión al Fondo de Impulso Económico para formalizar un préstamo de 55 millones de euros y la apertura de un periodo de audiencia a los propietarios afectados con el objetivo de explorar un posible acuerdo.

Las iniciativas fueron trasladadas previamente a los tres grupos de la corporación en una junta de portavoces en la que, según el primer edil, se facilitó toda la información disponible. Ambos expedientes han sido ya dictaminados en la comisión informativa de Régimen Interior, tras incorporar los correspondientes informes técnicos.

Préstamo sin subida de impuestos

La primera propuesta contempla formalizar una operación de crédito con las entidades financieras que determine el Instituto de Crédito Oficial, con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales en su modalidad de Fondo de Impulso Económico. El Ministerio de Hacienda ha emitido resolución favorable a la solicitud cursada por el Consistorio el pasado mes de enero.

El préstamo asciende a 55 millones de euros y permitirá afrontar una parte de la cuantía fijada en la condena. Según los informes de la Intervención municipal, fechados el 28 de enero de 2026, el Ayuntamiento puede asumir la devolución en un plazo de 12 años, con un tipo de interés aproximado del 3,5 por ciento y con inicio de la amortización en 2027.

Desde el equipo de Gobierno se subraya que la adhesión al fondo ha sido posible porque las cuentas municipales están saneadas. El alcalde insistió en que la devolución del préstamo no implicará una subida de impuestos ni afectará a los servicios públicos que presta el municipio.

Apertura de diálogo con los propietarios

La segunda propuesta prevé conceder un plazo de siete días naturales de audiencia a las partes con derechos reconocidos en el APR-7 para que se pronuncien sobre la viabilidad de alcanzar un acuerdo de colaboración y sus posibles términos.

Pérez defendió que el momento procesal actual es el adecuado para abrir esta vía de diálogo, una vez completados los trámites administrativos necesarios. El objetivo, afirmó, es defender el interés general de la ciudad y de sus vecinos.

El alcalde precisó que en esta fase participarán exclusivamente técnicos municipales y descartó la intervención de responsables políticos en la negociación. A su juicio, este formato es el más adecuado para avanzar en una solución.

En respuesta a preguntas sobre la posición del grupo socialista, el PSPV, el primer edil lamentó la falta de lealtad política en las últimas semanas, aunque evitó concretar en qué aspectos.

Comunicación a los tribunales

Una vez el pleno apruebe ambas propuestas, el Ayuntamiento comunicará a los juzgados los pasos adoptados para cumplir la sentencia, atendiendo así a la solicitud formulada por los propios tribunales.

Con estas medidas, el Consistorio inicia un proceso que combina la búsqueda de financiación inmediata con la exploración de un posible acuerdo con los propietarios, en un escenario marcado por el elevado impacto económico de la condena para las arcas municipales.