Benidorm aprueba un préstamo de 55 millones para afrontar una deuda de hasta 350 por la sentencia de Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm deberá hacer frente a una deuda que puede alcanzar los 350 millones de euros tras la sentencia que le obliga a compensar a la mercantil Murcia Puchades por los aprovechamientos urbanísticos de terrenos situados en el sector APR-7, dentro del parque natural de Serra Gelada. Ante este escenario, el pleno ha aprobado la formalización de un préstamo de 55 millones de euros para cubrir una parte de la cuantía.

La operación salió adelante con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención del concejal de Vox. El crédito se suscribirá con las entidades financieras que determine el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con cargo al Fondo de Impulso Económico, una vez obtenida la resolución favorable del Ministerio de Hacienda.

La sentencia fija en 283 millones de euros la indemnización principal, a la que se suman intereses. La oposición eleva el coste total hasta los 350 millones al calcular 67 millones adicionales por este concepto. La resolución judicial reconoce el derecho de los propietarios a ser compensados por los derechos urbanísticos de esos suelos.

Además del préstamo, la corporación dio luz verde por unanimidad a abrir un plazo de audiencia de siete días naturales para que las partes se pronuncien sobre «la viabilidad de definir un acuerdo de colaboración» en la ejecución del fallo. El equipo de Gobierno ya había trasladado públicamente su disposición a negociar el pago con los titulares de los terrenos.

Cruce de acusaciones en el pleno

El alcalde, Toni Pérez (PP), defendió que la solicitud del crédito es la única «ventana de oportunidad» para el Consistorio «por estar las cuentas» municipales «saneadas». A su juicio, esa situación financiera permite acceder al mecanismo estatal.

En la misma línea, la portavoz 'popular', Lourdes Caselles, aseguró que el Gobierno local «no» ha cambiado de criterio y que continúa «cumpliendo lo que marcan los técnicos». También afirmó que el Ejecutivo quiere «pelear por el interés general» y reprochó al grupo socialista que, en su opinión, «vela por ciertos intereses».

Desde el PSOE, su portavoz Cristina Escoda responsabilizó al alcalde de la situación. «Nos ha llevado a un callejón sin salida», afirmó durante el debate. Según la edil socialista, el primer edil actúa «a la deriva» y «sin gestión» y considera que el PP «solo quieren intentar poner cortinas de humo» para «alargar una agonía que no por previsible y anunciada deja de doler», en referencia al impacto económico de la sentencia.

El concejal de Vox, José Miguel San Martín, calificó la condena de «golpe brutal» y sostuvo que la situación responde a un «problema político». «Ahora se van a escudar en los técnicos», criticó, al tiempo que advirtió de que la cuantía equivale a «tres presupuestos enteros» del Ayuntamiento. También señaló la responsabilidad compartida de 'populares' y socialistas por los sucesivos gobiernos municipales desde la firma de los convenios urbanísticos que originaron el litigio.

Con el préstamo aprobado y la vía de negociación abierta, el Ayuntamiento inicia una nueva fase para intentar encajar una de las mayores obligaciones económicas de su historia reciente sin comprometer su estabilidad financiera.