Vecinos de la Babilonia en una de las viviendas que el Gobierno quiere derribar
El Gobierno amenaza con demoler miles de viviendas protegidas por La Ley de Costas valenciana
El Ejecutivo recurre ante el Constitucional la norma autonómica que blinda casas y comercios del litoral
El Gobierno ha dado un paso decisivo para dejar sin efecto la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana y seguir adelante con los derribos en el litoral. El Consejo de Ministros aprobó este martes, con dictamen favorable del Consejo de Estado -presidido por la socialista Carmen Calvo-, solicitar al presidente del Gobierno la impugnación ante el Tribunal Constitucional del artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la norma autonómica. La iniciativa invoca además el artículo 161.2 de la Constitución para que los preceptos recurridos queden suspendidos de forma automática.
La decisión se produce en un contexto de conflicto abierto entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana por la protección de núcleos residenciales tradicionales en dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno considera que lo establecido sobre los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales incumple la normativa estatal y vulnera competencias exclusivas del Estado.
El dictamen del Consejo de Estado adelantado por El Debate, fechado el 17 de diciembre de 2025, allana el camino. Concluye que «existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 17 y la disposición final primera de la «Ley 3/2025, de 22 de mayo, de la Generalitat, de protección y ordenación de la costa valenciana»». Y recuerda que «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha apreciado esta vulneración en presencia de 'leyes singulares' que producen el efecto de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial», en referencia a las sentencias 203/2013 y 50/2015.
Dos años de bloqueo en el Congreso
La ofensiva judicial coincide con el segundo aniversario de la aprobación en el Senado de una proposición de ley para reformar la Ley de Costas estatal y dar una salida jurídica a las viviendas singulares del litoral. El 12 de enero de 2024, la iniciativa salió adelante con la mayoría del Partido Popular y el voto en contra de PSOE y Compromís.
Elevada al Congreso, ha acumulado 67 prórrogas del plazo de enmiendas. Una segunda iniciativa del PP, aprobada en la Cámara Baja el 10 de junio de 2025, ha quedado también paralizada por la Mesa tras 19 prórrogas. En ambos casos, el debate no ha llegado a la Comisión de Transición Ecológica.
Vista aérea de las viviendas que han ordenado derribar en Guardamar del Segura
Para los vecinos, el efecto es directo: mientras el debate parlamentario permanece bloqueado, los procedimientos administrativos y judiciales avanzan hacia la demolición. Manolo López, portavoz de la Asociación Guardamar Playa y del movimiento cívico Somos Mediterránea, que agrupa a 54 asociaciones de toda España, lo resumió así en conversación con este periódico: «Ya se ha aprobado en ambas cámaras legislativas, donde está representada la soberanía nacional. Ya se ha aprobado por mayoría en ambas Cámaras y entendiendo que es una petición legítima, seria, razonable y muy concreta de una modificación puntual de la Ley de Costas que podría salvar a muchas personas y ayudar a muchas personas. Es absolutamente inconcebible que se mantenga este bloqueo».
Decenas de miles de afectados
El alcance del problema supera el caso valenciano. Un análisis de Newtral cifra en 86.426 las viviendas situadas en la costa en situación de riesgo por la aplicación de la Ley de Costas. Se reparten en 11.164 edificios residenciales ubicados dentro o en el límite del dominio público marítimo-terrestre, a los que se suman 9.744 edificaciones con usos comerciales o de servicios.
Según ese estudio, el 88,8 % de estas viviendas fueron construidas antes de la Ley de Costas de 1988, cuando existían concesiones indefinidas. Muchas quedaron afectadas tras modificaciones posteriores de la línea de deslinde.
López habla de «varias decenas de miles» de personas afectadas, en su mayoría de rentas medias y bajas. «Hay asociaciones pequeñas, de tres o cuatro viviendas, y asociaciones grandes o medianas. En algunos casos hablamos de miles de afectados», explica.
Guardamar, símbolo del pulso
El caso de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, se ha convertido en el símbolo de este conflicto. Allí, 65 familias afrontan la demolición de viviendas centenarias tras órdenes dictadas por la Dirección General de la Costa y del Mar y confirmadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La Generalitat intentó frenar los derribos aprobando en mayo de 2025 la Ley 3/2025, impulsada por el Consell y aprobada en las Cortes Valencianas con los votos de PP y Vox. La norma, según defendió entonces el conseller Vicente Martínez Mus, pretende «compatibilizar la protección del litoral con los usos económicos de la costa y proteger los núcleos costeros tradicionales de los deslindes».
Imagen de las viviendas de la playa de la Babilonia desde el mar
El Consejo de Estado, sin embargo, sostiene que la regulación del dominio público marítimo-terrestre corresponde en exclusiva al Estado y que ninguna ley autonómica puede neutralizar órdenes de demolición avaladas por sentencias firmes.
La reacción de la Generalitat Valenciana
Este miércoles, un día después del acuerdo del Consejo de Ministros, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha calificado el recurso de inconstitucionalidad como «un nuevo ataque contra nuestros poblados marítimos».
Mus presidió la primera reunión de la comisión interdepartamental para el desarrollo reglamentario de la ley y defendió que la creación de núcleos de valor etnológico es «una herramienta destinada a proteger a las personas que viven en zonas con un patrimonio que merece la mayor protección». También insistió en la necesidad de ejecutar obras de regeneración pendientes para evitar nuevos deslindes.
El conseller asegura que la Generalitat mantiene la «mano tendida» y recuerda que el pasado 17 de junio el Consell solicitó la transferencia de competencias en materia de costas, sin haber recibido respuesta.
Inseguridad jurídica y cuenta atrás
Más allá del pulso político, el conflicto tiene un componente jurídico que afecta directamente a los propietarios. Aunque muchas viviendas están inscritas en el Registro de la Propiedad, las construcciones situadas en dominio público marítimo-terrestre pasan a ser propiedad del Estado. La reforma promovida por el PP pretende proteger núcleos urbanos consolidados y viviendas tradicionales, no nuevas edificaciones.
Para Marisol Gallud, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guardamar, «este bloqueo parlamentario es una falta de respeto a esas familias que viven desde hace años en una situación de inseguridad jurídica, pese a contar con viviendas consolidadas y con valor histórico, social y patrimonial».
Mientras la Mesa del Congreso mantiene congelada la reforma de la Ley de Costas y el Gobierno activa el recurso contra la ley valenciana, los expedientes de demolición continúan su curso. En la costa de Alicante y en otros puntos del litoral español, miles de viviendas siguen pendientes de una decisión judicial y política que, por ahora, avanza más rápido en los tribunales que en el Parlamento.