Vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian que la ZAS «no se está aplicando» cuatro meses después de su entrada en vigor

Cuatro meses después de la implantación de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en varias calles del Casco Antiguo de Alicante, los vecinos denuncian que la normativa apenas se está aplicando. La Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil asegura que numerosos locales continúan operando con normalidad pese a las restricciones de horarios y a las limitaciones establecidas para reducir el ruido nocturno.

Según explica a El Debate su presidente, Joaquín Gangoso, los residentes esperaban que la medida marcara un punto de inflexión tras décadas de conflictos por el descanso vecinal. Sin embargo, sostiene que la realidad ha sido distinta. «Tras cuatro meses de la implantación de la ZAS en el Casco Antiguo, donde se reducían, entre otras medidas, horarios para que los vecinos pudiéramos descansar tras muchísimos años de insomnio, ansiedad, gente que se ha ido a vivir a otros lugares, así como turistas que nos han visitado que reflejaban su malestar en las reseñas por su imposibilidad de dormir... pensábamos que íbamos, por fin, a avanzar en la resolución del problema», afirma.

Gangoso recuerda que la implantación de la ZAS fue respaldada judicialmente después de que una jueza avalara su idoneidad y rechazara las medidas cautelares solicitadas por el sector del ocio nocturno. Aun así, los vecinos sostienen que la normativa no se está haciendo cumplir con la intensidad prevista.

Falta de controles y sanciones

La principal crítica de los residentes se centra en la falta de inspecciones y sanciones. Según el presidente de la asociación, la Policía Local debería comprobar diariamente el cumplimiento de los horarios y abrir expedientes en caso de infracción, algo que, según denuncia, no está ocurriendo.

«Nos encontramos que siguen abriendo como siempre, que la policía, tal como refleja la ZAS debería pasar diariamente a comprobarlo y abrir los expedientes correspondientes y no lo hace pese a nuestras demandas y denuncias», asegura.

Gangoso también cuestiona las cifras de sanciones comunicadas por el Ayuntamiento, que considera muy inferiores a las infracciones reales detectadas por los propios vecinos. «Las cifras de multas que dan no son ni el 25 % del total de días abiertos», sostiene.

Además, subraya que la normativa municipal contempla incluso la posibilidad de ordenar el cierre inmediato de un local si se detecta una infracción grave, una medida que, según afirma, no se ha aplicado desde que entró en vigor la ZAS.

«198 las actas levantadas»

Frente a las críticas de los residentes, el Ayuntamiento de Alicante sostiene que sí se están realizando controles desde la entrada en vigor de la Zona Acústicamente Saturada en el Casco Antiguo. Según fuentes municipales, desde su activación en noviembre de 2025 la Unidad de Aperturas y Ocupación de Vía Pública, junto con la Unidad Operativa del servicio nocturno de la Policía Local, han levantado un total de 198 actas por infracciones graves a la Ley 14/2010 de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Generalitat Valenciana.

En paralelo, el Consistorio ha abierto expediente por actuaciones relacionadas con ruidos a ocho locales situados dentro del ámbito de la ZAS. A tres de ellos se les ha concedido un plazo de quince días para presentar documentación relativa al limitador de sonido, con el aviso de que, si no lo hacen, se procederá a la suspensión de la actividad. El resto de establecimientos afectados se encuentra todavía dentro del plazo para aportar la documentación requerida.

Además, los técnicos municipales del departamento de Licencias están revisando las autorizaciones de estos establecimientos para comprobar su adecuación a la normativa vigente. En caso de detectarse incumplimientos, el Ayuntamiento advierte de que también podría derivarse la suspensión de la actividad.

Según ha informado la Policía Local, durante 2025 se remitieron a la Conselleria de Medio Ambiente 54 expedientes sancionadores vinculados a estas actuaciones. En lo que va de 2026 se han levantado 144 actas, de las cuales 101 ya cuentan con expediente abierto a la espera de su traslado a la Conselleria, mientras que el resto se encuentra pendiente de tramitación.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha señalado que «todos los fines de semana y en días diversos entre semana se envían dotaciones para verificar el cumplimiento, habiéndose abierto 198 expedientes sancionadores desde que se activó la ZAS». No obstante, ha precisado que «la normativa no permite a la Policía Local cerrar los locales in situ, sino que debe hacerse mediante el procedimiento administrativo legalmente establecido para el caso de establecimientos», mientras que la ordenanza de ruidos sí permite a los agentes intervenir en la retirada de terrazas instaladas en la vía pública.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha indicado que se mantienen reuniones periódicas entre los distintos servicios municipales y los representantes vecinales para evaluar la aplicación de la ZAS, la última de ellas celebrada hace dos semanas. Según Villar, el objetivo es «que se cumpla las medidas de control establecidas en la ZAS», tanto en las labores de vigilancia policial como en la tramitación de expedientes sancionadores y la revisión de licencias, procedimientos que, una vez completados los trámites legales, pueden derivar en multas o en el cierre de establecimientos por incumplimientos reiterados.

Denuncias por los incumplimientos

Los residentes aseguran que los problemas no se limitan al horario de cierre. También denuncian irregularidades relacionadas con la normativa de contaminación acústica aprobada hace más de un año.

Según explica Gangoso, la ordenanza daba un plazo de seis meses para que los locales se adaptaran a los nuevos requisitos. Sin embargo, sostiene que la situación no se ha revisado sobre el terreno. «La normativa de contaminación acústica aprobada hace 13 meses y donde se daba seis meses para actualizarse a ella a los locales de ocio, ningún local la cumple porque Urbanismo no ha ido a comprobarlo», afirma.

La asociación ha trasladado estas quejas al Síndic de Greuges y asegura haber documentado distintos comportamientos para esquivar las restricciones. Entre ellos, menciona casos de pubs que habrían cambiado de puerta de acceso para eludir la delimitación de la ZAS o establecimientos que sirven comidas pese a mantener licencias de pub.

Frustración vecinal

Ante esta situación, los residentes se preguntan por qué las medidas aprobadas no se aplican con mayor contundencia. «Si no cumplían la anterior normativa, ni la actual, ni la ZAS, entonces, ¿aquí vale todo?», plantea Gangoso.

El presidente vecinal insiste en que, a su juicio, el Ayuntamiento tiene herramientas suficientes para resolver el problema si existe voluntad política. «El ayuntamiento de Alicante, con la ZAS y eso sí con voluntad, podría solucionar el problema... ¿por qué no se hace entonces?», se pregunta.

En cualquier caso, el colectivo distingue entre las áreas municipales implicadas y reconoce el trabajo de la Concejalía de Medio Ambiente, impulsora de la medida. «Como siempre agradecemos la voluntad y esfuerzo de la Concejalía de Medio Ambiente por todo, pero si el resto de las Concejalías no dan soporte, lo que hacemos es quedar en evidencia y aumentar la frustración de los residentes», concluye.

Como informó este periódico el pasado mes de noviembre, la declaración de la ZAS se produjo tras años de denuncias vecinales por los niveles de ruido nocturno en la zona y estableció limitaciones de horarios, reducción de terrazas y la suspensión de nuevas licencias de ocio nocturno con el objetivo de recuperar el descanso en el barrio histórico de la ciudad.

Cuatro meses después de su entrada en vigor, los residentes sostienen que el problema no está en la norma aprobada, sino en su aplicación. A la espera de que el Ayuntamiento refuerce las inspecciones y haga cumplir las restricciones previstas, los vecinos aseguran que seguirán documentando y denunciando cada incumplimiento con la esperanza de que, esta vez, la regulación no quede solo sobre el papel.