El Gobierno valenciano exige rigor técnico y seguridad jurídica a Sánchez con el trasvase Tajo-Segura

El Gobierno valenciano ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra este domingo, en la que exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez la ejecución sin demora de las obras hidráulicas comprometidas y pendientes en la Comunidad Valenciana, así como la defensa de las infraestructuras estratégicas para garantizar la seguridad hídrica del territorio".

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha subrayado, tras la reunión del Pleno del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, que «la seguridad hídrica de la Comunidad Valenciana es un deber moral con nuestras familias, con nuestros municipios, con nuestros agricultores y con las generaciones futuras».

Asimismo, el portavoz del Consell ha reclamado al Ejecutivo central que cualquier decisión que afecte al agua de la Comunidad Valenciana, como la gestión del trasvase Tajo-Segura, se adopte «con base estrictamente técnica y con plena seguridad jurídica».

Barrachina ha señalado que la Comunidad Valenciana «sí actúa, sí invierte y sí lidera dentro de sus competencias y posibilidades», frente a la demora del Gobierno central en proyectos esenciales para la protección de las personas, el abastecimiento y la actividad económica.

En este sentido, ha recordado que la Generalitat ha movilizado más de 95 millones de euros en los dos últimos años para reforzar defensas frente a avenidas, asegurar el abastecimiento y modernizar el sistema hídrico valenciano. Además, ha destacado que las inversiones ya previstas permitirán que el compromiso inversor del Consell supere los 140 millones de euros en los próximos ejercicios.

El conseller ha explicado que la declaración institucional aprobada por el Pleno reafirma un modelo de gestión del agua basado en la eficiencia, la innovación y la reutilización, con los trasvases como elementos vertebradores y la desalación como apoyo cuando resulte necesaria.

En este marco, Barrachina ha puesto en valor el papel de la Comunidad Valenciana y de los usuarios del agua, y ha asegurado que «somos un ejemplo en modernización de regadíos, reutilización del agua e implicación de todas las administraciones».

Al mismo tiempo, ha reclamado al Gobierno de España que «actúe en la parte que le corresponde» con inversiones reales en planes de emergencia de embalses y en reutilización en las tres provincias, especialmente en Alicante.

El conseller ha señalado tres cuestiones que afectan directamente al sistema hídrico valenciano: el recorte del trasvase Tajo-Segura, la situación de la balsa de San Diego, que limita la operatividad del Júcar-Vinalopó, y la paralización del proyecto de vertido cero, «que supone la pérdida de 350 millones de euros en fondos europeos» previstos hasta 2027.

En esta línea, la declaración institucional recoge la exigencia de ejecutar sin demora las obras hidráulicas comprometidas, garantizar la financiación de actuaciones frente a avenidas, la modernización de presas y la implantación de planes de emergencia y reutilización avanzada, así como preservar la estabilidad de infraestructuras estratégicas.

Barrachina ha insistido en que la política hídrica debe basarse en criterios técnicos y seguridad jurídica, y ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con una gestión eficiente y con la defensa del agua como recurso esencial para la Comunidad Valenciana.