Valencia dispara las órdenes de cierre de pisos turísticos ilegales: más de un 600 % en el actual mandato

El Ayuntamiento de València ha incrementado de forma notable su actuación contra los apartamentos turísticos ilegales, hasta multiplicar por seis la media anual de órdenes de cese desde el inicio del actual mandato. Así lo ha destacado el consistorio, que atribuye este aumento a un cambio en la política municipal para frenar la proliferación de este tipo de alojamientos.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha defendido que este incremento refleja un «cambio radical» en la gestión desde la llegada del gobierno de María José Catalá (PP), orientado a clausurar las viviendas que operan al margen de la normativa. En cifras, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales durante el anterior mandato a 449 expedientes al año en la actualidad, lo que supone un aumento superior al 600%.

Según el edil, este endurecimiento en la actuación municipal ha servido como antesala de la nueva regulación urbanística impulsada por el actual ejecutivo (PP y Vox), que reserva para uso residencial el 98 % del parque de viviendas en todos los barrios y distritos de la ciudad. «Hemos pasado de la permisividad a la tolerancia cero», ha subrayado.

Para llevar a cabo este control, el Ayuntamiento ha reforzado los dispositivos de inspección con cinco equipos de técnicos de Urbanismo y siete unidades de la Policía Local, encargados de rastrear de manera continua la actividad de los apartamentos turísticos ilegales en toda la ciudad. Fruto de este trabajo, el 87 % de las órdenes de cese ya han sido ejecutadas.

En paralelo, el consistorio mantiene una moratoria en la concesión de nuevas licencias turísticas, aprobada en mayo de 2024 y ampliada en enero de 2025, que seguirá vigente al menos hasta el 30 de mayo de 2026. Durante este periodo se han suspendido 363 expedientes, evitando la creación de 4.697 nuevas plazas turísticas.

Giner ha defendido esta medida como clave para contener la expansión de este tipo de alojamientos y ha asegurado que, sin ella, barrios como el Cabanyal habrían visto desaparecer parte de su tejido comercial. Además, ha adelantado que la futura normativa limitará al 15 % la presencia de viviendas turísticas por manzana.

El nuevo marco regulador, que se someterá a votación en la próxima Comisión de Urbanismo antes de su paso por el pleno municipal, sustituirá la moratoria por un sistema permanente que fijará límites de saturación turística en cada barrio y distrito.

La normativa contempla tres niveles de control: un tope del 8 % de plazas turísticas respecto a la población empadronada; un máximo del 2 % de viviendas destinadas a uso turístico en cada barrio, con requisitos como acceso independiente y autorización de tres quintos de la comunidad; y un límite del 15 % de este tipo de alojamientos en las plantas bajas de cada manzana, con el objetivo de proteger el comercio local.

Asimismo, se creará un Censo de Alojamientos Turísticos (CATAV) y se reforzarán los planes de inspección para detectar y clausurar los establecimientos que carezcan de autorización municipal.

Desde la oposición, Compromís ha criticado con dureza esta regulación. Su portavoz, Papi Robles, ha asegurado que la nueva normativa «ni reduce, ni controla, ni ordena» las plazas turísticas existentes y ha acusado al gobierno municipal de utilizarla como «cortina de humo» tras las Fallas.

Robles ha denunciado que la ciudad sufre una elevada presión turística en un contexto de crisis de vivienda y ha calificado la propuesta de «estafa», al considerar que no garantiza una reducción real de apartamentos turísticos ni un control efectivo. A su juicio, el modelo actual favorece la conversión de València en un destino centrado en el turismo en detrimento de los vecinos, por lo que ha reclamado limitar las plazas hoteleras y proteger el acceso a la vivienda.