Un exalcalde de Compromís se enfrenta a tres años de prisión por el cobro presuntamente irregular de 4.054 euros: «No intenté coger nada que no me perteneciese»

Un conflicto por la duración de las retribuciones de la alcaldía de Agres ha terminado en la Audiencia Provincial de Alicante. Allí se juzga desde este lunes al exalcalde Josep Manel Francés (Junts per Agres-Compromís), acusado de continuar percibiendo su sueldo de primer edil cuando ya no le correspondía. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años de cárcel y doce de inhabilitación, al cifrar en 4.054 euros el perjuicio económico causado a las arcas municipales. El exdirigente, por su parte, sostiene que el dinero respondía estrictamente a sus horas de dedicación.

Los hechos se remontan al inicio de la pasada legislatura. Según ha relatado Francés ante el tribunal, en el pleno de julio de 2019 se acordó su retribución económica para el plazo de un año. No obstante, el exalcalde defiende que inicialmente se había pactado que el pago se extendiese durante los cuatro años de mandato.

El acusado ha atribuido la reducción del plazo a una «jugarreta» por parte de los miembros de la Corporación municipal. Al carecer de mayoría absoluta, Francés y su equipo se vieron «entre la espada y la pared» y tuvieron que tomar la decisión en cuestión de minutos para poder sacar adelante la sesión.

Por su parte, la actual alcaldesa de la localidad y denunciante de la causa, la 'popular' María García Pascual, ha comparecido en calidad de testigo. En su declaración, ha reprochado que, una vez cumplido el año estipulado en agosto de 2020, Francés «no llevó a pleno» el debate necesario para prorrogar la retribución. Esta omisión motivó que el Partido Popular presentara una moción para paralizar los pagos, la cual fue aprobada, aunque posteriormente un recurso de Compromís permitió al exalcalde seguir cobrando.

El debate jurídico

La Fiscalía mantiene su postura frente a la gestión de Francés entre septiembre de 2020 y enero de 2021. El Ministerio Público sostiene que el procesado dictó resoluciones autorizando los pagos a pesar de los reparos interpuestos por la secretaria interventora. Según la acusación, la prevaricación se produjo en sentido omisivo y bajo una «auténtica desviación de poder». Respecto a la malversación, afirma que los cobros se efectuaron a sabiendas de que no le correspondían.

Frente a este relato, el abogado de la defensa, Ximo Perles, ha reclamado la libre absolución basándose en la ausencia total de mala fe o ánimo de lucro. La defensa se apoya en el testimonio de la secretaria interventora de aquellos años, Isabel Sirera Sanz, quien ha asegurado en el juicio que en dichas actuaciones no existía «vicio de nulidad» ni de «anulabilidad».

Además, el propio Francés ha recordado que el dinero percibido por sus trece horas de labor municipal se le descontaba directamente de su jornada laboral en la empresa privada donde trabajaba. El exalcalde ha negado tajantemente haber intentado cobrar nada tras la moción de la oposición hasta que se resolvió el recurso, zanjando su postura con firmeza: «Estaba trabajando».

«Campaña de la derecha»

Más allá de los 4.054 euros que reclama la Fiscalía, el caso ha dejado un regusto de profunda batalla política local. A la salida de los juzgados, el abogado defensor ha enmarcado la causa dentro de una estrategia de desgaste y ha subrayado que se trata de «una campaña de acoso y derribo de Compromís en general y del alcalde en particular», ya que «la derecha está mal».

Perles ha aprovechado la atención mediática para criticar con dureza la gestión de sus adversarios políticos en la Comunidad Valenciana, asegurando que el juicio quedará resuelto favorablemente y servirá para limpiar el nombre del exalcalde de Agres. El juicio ha quedado visto para sentencia.