Puerto deportivo Marina de las Dunas
El PP acusa al alcalde socialista de Guardamar de ocultar una inversión de cinco millones en el puerto deportivo
Los 'populares' denuncian falta de transparencia en la prórroga de la concesión de Marina de las Dunas y exigen acceso inmediato a toda la documentación
El Partido Popular de Guardamar del Segura (Alicante) ha denunciado públicamente la actuación del alcalde, el socialista José Luis Sáez, y del concejal Pablo de Miguel por, según afirman, haber ocultado a los consejeros una operación de cinco millones de euros vinculada a la prórroga de la concesión del puerto deportivo Marina de las Dunas. La formación asegura que tuvo conocimiento de esta iniciativa únicamente a través de los medios de comunicación.
Según el PP, no se trata de un fallo puntual de comunicación, sino de una práctica deliberada basada en la opacidad. Durante meses, explican, los consejeros han planteado preguntas en consejos de administración y plenos sin obtener información concreta. La respuesta reiterada, «estamos en ello», ha quedado, a su juicio, desacreditada tras hacerse pública la operación.
«Lo que han hecho el señor Sáez y el señor de Miguel es ocultar una decisión de enorme impacto económico hasta que la han hecho pública en los medios de comunicación», señalan desde el Partido Popular.
La formación considera especialmente grave que se haya mantenido en secreto una inversión de dinero público de tal magnitud, lo que, denuncian, ha impedido cualquier tipo de fiscalización previa por parte de los órganos de control. «Han gestionado un asunto clave para el futuro del municipio como si fuera una decisión privada, sin transparencia y sin dar explicaciones».
«Falta de control institucional»
El PP acusa directamente al alcalde y al concejal responsable de actuar al margen de los consejeros y de quebrar las normas básicas de funcionamiento institucional. «No solo no informan, sino que evitan deliberadamente hacerlo», sostienen.
Asimismo, los 'populares' advierten de las consecuencias políticas de estos hechos y elevan el tono de sus críticas: «Cuando un gobierno oculta información de esta magnitud, lo que está en juego ya no es solo una inversión, sino la confianza en las instituciones».
Ante esta situación, el Partido Popular exige explicaciones inmediatas por parte del alcalde y del concejal implicado, así como acceso completo a todos los informes técnicos, jurídicos y económicos relacionados con la operación. También reclaman la convocatoria urgente de los órganos correspondientes para que se informe con transparencia.
«El problema no es solo qué se ha hecho, sino cómo se ha hecho: ocultando información, evitando el control y despreciando a los representantes públicos», añaden.
Una inversión clave para la concesión
La polémica surge en torno a la inversión anunciada por el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, cifrada en cinco millones de euros, con el objetivo de asegurar la renovación de la concesión del puerto deportivo, cuya vigencia actual finaliza en julio de 2026.
El alcalde, José Luis Sáez, ha explicado que esta inversión responde a uno de los requisitos fijados por la Generalitat Valenciana para prorrogar la gestión durante 15 años más. El puerto está gestionado por la empresa municipal Madusa, que, según el Consistorio, ha logrado revertir su situación económica hasta convertirse en una entidad autosuficiente.
Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de accesos, la modernización del sistema de control de entrada con tarificación por minutos, la ampliación de la marina seca, reparaciones generales y el refuerzo de la oferta hostelera. También se contempla el apoyo a instalaciones como la lonja y la actividad pesquera tradicional.
El equipo de Gobierno defiende el carácter estratégico del puerto como motor económico y turístico, aunque reconoce retos pendientes como su integración con el casco urbano. Las negociaciones con la Generalitat, según el alcalde, avanzan de forma «cordial» y el Ayuntamiento ya ha presentado la documentación requerida.
El conflicto político se intensifica
Pese a ello, el Partido Popular ha anunciado que llevará este asunto «hasta las últimas consecuencias políticas» y rechaza que se normalice, en su opinión, una forma de gobernar «basada en el silencio y la opacidad».
El conflicto abre un nuevo frente en la política municipal de Guardamar del Segura, donde la gestión del puerto deportivo, una infraestructura clave para el municipio, se sitúa ahora en el centro del debate público.