El Ayuntamiento de Valencia ejecuta el 85 % de las órdenes de cierre de apartamentos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de Valencia ha ejecutado el 85 % de las órdenes de cierre de apartamentos turísticos ilegales tramitadas en la ciudad desde el inicio del actual mandato, según ha informado el consistorio. Esta cifra supone multiplicar por seis los registros del periodo anterior, gobernado por Compromís y PSPV-PSOE.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha subrayado que la media anual de expedientes de clausura «se multiplica por seis, al aumentar de 71 cada año a 449 desde 2023».

El edil ha defendido que estos resultados están directamente relacionados con el refuerzo de las medidas de disciplina urbanística y con la suspensión temporal de nuevas licencias de alojamiento turístico aplicada durante casi dos años. En este sentido, ha señalado que la entrada en vigor de la nueva normativa municipal para el sector terciario hotelero, «la más restrictiva en España con las viviendas de uso turístico», abrirá «una nueva etapa después de casi dos años marcados por la suspensión temporal de licencias de alojamiento turístico y el refuerzo de las medidas de disciplina urbanística que se desarrollan desde el inicio del mandato».

Giner ha insistido en que «el efecto de ese refuerzo se refleja en los datos sobre expedientes de cierre de apartamentos turísticos ilegales» y ha detallado que «las órdenes de cierre han pasado de una media de 71 anual durante el anterior mandato a 449 con el actual equipo de gobierno municipal de PP y Vox», lo que «supone que desde 2023 se han multiplicado por seis».

Además, el responsable municipal ha destacado que el 85 % de estas órdenes ya han sido ejecutadas.

De forma paralela a la actividad inspectora, el pleno municipal acordó en mayo de 2024 la suspensión cautelar de nuevas licencias turísticas, una medida que fue ampliada en enero de 2025 y que permanecerá vigente hasta la entrada en vigor de la nueva normativa aprobada recientemente.

Durante el periodo de moratoria, el Ayuntamiento ha suspendido 363 expedientes de licencias, evitando así la creación de 4.697 nuevas plazas turísticas en la ciudad.

Sobre el nuevo marco regulador, Giner ha explicado que sustituye la moratoria por «un sistema permanente de indicadores de saturación» que afecta a todos los barrios y distritos de Valencia con el objetivo de proteger «el derecho de los vecinos a vivir en su ciudad».

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha valorado estos resultados coincidiendo con la aprobación de la normativa. «Para mí, evidentemente, esto es un logro, porque estamos combinando la nueva normativa con una actuación bastante interesante de disciplina urbanística», ha afirmado.

Catalá también ha incidido en el endurecimiento de las condiciones para autorizar viviendas de uso turístico en edificios residenciales. «Los tres candados --que se han establecido--, más todas las condiciones --primeras plantas, accesos independientes, autorización de las comunidades de vecinos-- hacen que abrir un apartamento turístico en Valencia vaya a ser casi imposible. Primero actúan los tres candados y luego las condiciones físicas y los permisos de la comunidad», ha explicado.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado como «asignatura pendiente» la regulación estatal de las plataformas digitales que anuncian alojamientos turísticos sin licencia. «En un año hay 1.000 viviendas turísticas menos ofertadas en esas plataformas, pero todavía quedan viviendas turísticas irregulares. Que esas plataformas no puedan publicitar apartamentos sin licencia es competencia del Gobierno de España, y eso es lo que venimos pidiendo», ha concluido.