La Confederación del Júcar deja sin ejecutar más de la mitad de las obras previstas para el año después de la dana

El barranco del Poyo se convirtió en uno de los lugares más trágicos dentro de la tragedia sin precedentes que fue la dana de la provincia de Valencia. A lo largo de su recorrido, decenas y decenas de personas perdieron la vida durante las inundaciones. También hubo otros puntos similares en los que se produjeron víctimas mortales, como los del Pozalet, Gallego, l’Horteta, así como cercanos a la Albufera.

De su cuidado y mantenimiento se encarga la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Tras la riada, el organismo público, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, se quitó de encima cualquier tipo de responsabilidad en lo que a falta de limpieza y adecuación de los cauces se refiere y que ello hubiera supuesto un agravamiento de la situación.

Durante casi el año y medio que ha pasado desde el estallido del temporal, el Gobierno se ha empeñado en construir un argumentario que sustente la tesis anteriormente mencionada. Según el Ejecutivo, en el Poyo y otros barrancos no hacían falta obras y la situación predana no acrecentó ningún riesgo. Lo cierto es que a raíz de la catástrofe el departamento entonces dirigido por Teresa Ribera y después heredado por Sara Aagesen ha sacado de los cajones actuaciones que estaban previstas en esas zonas desde hace años, peor que no se han llegado a ejecutar.

Intervención General del Estado

A todo ello se le unen los necesarias e imprescindibles trabajos propios de la reconstrucción en sí mismos. La narrativa gubernamental diseñada en el Palacio de La Moncloa y repicada sin la más mínima fisura por la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo, entre otros, se fundamenta en que las labores avanzan en tiempo y forma.

Sin embargo, los propios datos que aporta la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) demuestran que la Confederación dista mucho de estar cumpliendo con lo presupuestado. Si se trataba de ponerse las pilas, ese esfuerzo no ha llegado ni a la mitad. Así, de todo lo contemplado para 2025, primer año tras la tragedia, tan solo se llevó a cabo el 48,3 %.

En cifras, Polo tuvo para ese ejercicio 214,6 millones de euros para la recuperación en todo lo que afecta a la CHJ, una cantidad muy superior a los 30 millones de los que disponía en 2024. Este aspecto es un acicate a la hora de calcular la magnitud de los daños de la riada, si es que éstos, con la infinidad de fotografías, imágenes y testimonios difundidos en estos 18 meses no fueran ya del todo conocidos.

Hasta febrero, solo un 0,4 %

De los 214,6 millones citados, la Confederación únicamente ha ejecutado 103,5, según la IGAE. En la actualidad, mantiene activas 17 obras de emergencia, cuyo importe total suma 220 millones. No obstante, la burocracia para la licitación y puesta en marcha de los proyectos lastran la normal y deseada evolución de las obras con competencias de la CHJ. Otro dato que demuestra este la acumulación de expedientes dilata el funcionamiento real y efectivo de las nuevas infraestructuras es el grado de ejecución en los primeros dos meses de 2026: un triste y escuálido 0,4 %, lo que, a su vez, hace prever que llegar al 48,3 % del último año sería algo quimérico.

Pese a esos registros, que no son, precisamente, para presumir, Polo y los suyos presumen de su gestión. En una nota de prensa del 1 de abril consultada por El Debate, la institución ensalza que una inversión propia de 20 millones de euros con tal de reforzar los taludes en el Poyo ya se encuentra en su «fase final». Igualmente, tan solo tres días después, el 3, sacó una nota muy similar, anunciando 7,5 millones de emergencia para trabajos en l’Horteta, Gallego, Pozalet y los tributarios de la Albufera. Ni rastro de mención al 48,3 % ni al 0,4 %.

Las actuaciones de la CHJ no es el único ámbito que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a tardanzas. Horas después de las inundaciones, los reproches fueron encaminados a la dilación para movilizar a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suficientes para evitar pillajes y saqueos y ayudar a los afectados, mientras que durante los siguientes meses y hasta la fecha ello derivó en las ayudas, con acusaciones de demoras en sus pagos desesperantes para muchas víctimas.