El Gobierno valenciano exige por quinta vez a Sánchez que pague la deuda de 4.000 millones en dependencia

«Que nadie se quede atrás». Ese lema tan manido por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros tiene un complemento retórico en lo que desde el Palacio de La Moncloa vienen denominando «escudo social». Ambas expresiones van encaminadas a ensalzar la política del Ejecutivo hacia los más vulnerables. Sin embargo, no parece que esa actitud decidida esté teniendo una traslación en la Comunidad Valenciana en lo que a dependencia se refiere. Muchas peticiones y pocas respuestas.

Al respecto, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha enviado una nueva comunicación, la quinta hasta la fecha, dirigida al Gobierno de España para exigir una «solución definitiva» a la infrafinanciación del sistema de atención a la dependencia en la región.

Según lamenta el Consell en un comunicado, «a pesar de los reiterados requerimientos enviados tanto al Ministerio de Hacienda como al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ejecutivo central no ha convocado la reunión de trabajo solicitada ni ha ofrecido una respuesta efectiva a la situación»: «La Comunidad Valenciana ha realizado un esfuerzo sin precedentes, alcanzando en 2025 una inversión histórica de 1.474 millones de euros, lo que ha permitido superar las 190.000 personas beneficiarias. Sin embargo, este avance se sostiene fundamentalmente con recursos autonómicos», ha recordado Albalat.

«Esfuerzo desproporcionado»

Así, la Administración autonómica asume cerca del 80 % del coste total, mientras que la aportación estatal se sitúa «en torno al 20 %, una cifra muy alejada del 50 % que establece la ley», ha señalado la consellera, quien ha reiterado que esta «descompensación» ha provocado «una deuda acumulada por parte del Gobierno de España cercana a los 4.000 millones de euros».

Para la consellera, resulta «incomprensible» la falta de respuesta del Estado porque «la dependencia es un derecho subjetivo reconocido por ley y su financiación no puede quedar condicionada a la disponibilidad presupuestaria ni a decisiones coyunturales». Por ello, ha insistido en la necesidad de garantizar la «igualdad de trato» entre territorios porque la Comunitat Valenciana «soporta un esfuerzo desproporcionado».

La dirigente además ha incidido en la necesidad de un «calendario vinculante» para alcanzar el 50 % y un «mecanismo de compensación» por la deuda acumulada y ha remarcado que seguirá «instando al Gobierno central, mes a mes, a convocar una reunión» porque es su «obligación defender los derechos de los dependientes valencianos y sus familias».