Imagen de archivo de varias personas tras la oración colectiva con motivo de la festividad del Aíd al-Fitr en Ceuta
Vox pide en la Diputación de Valencia prohibir el acceso a edificios públicos a mujeres con burka
Los de Santiago Abascal sostienen que la identificación visual del rostro no es una cuestión ideológica, sino un requisito básico para evitar suplantaciones
Vox ha registrado una moción para su debate este martes en el pleno de abril de la Diputación de Valencia en la que insta al Gobierno y a las Cortes Generales a promover la aprobación de una norma con rango de ley que establezca la prohibición del uso de prendas que oculten el rostro, «como el niqab o el burka», en el acceso y permanencia en dependencias administrativas públicas, «garantizando en todo caso el respeto a los derechos fundamentales».
Mediante esta iniciativa, los de Santiago Abascal proponen en la institución provincial, donde gobiernan en coalición el Partido Popular y Ens Uneix, pedir al conjunto de los ayuntamientos de la provincia de a «proceder según lo establecido» en su petición inicial.
La formación conservadora destaca en un comunicado que «no se doblega» y mantiene esta propuesta «incluso tras el informe jurídico de la secretaría general, que reconoce que esta cuestión debe abordarse mediante una ley estatal». Así, ha presentado una autoenmienda que «eleva el debate al ámbito nacional», instando al Gobierno a legislar sobre el uso de prendas que «impiden la identificación en edificios administrativos».
«Realidad evidente»
«La izquierda intenta vender esto como un freno, pero es justo lo contrario: el propio informe reconoce que hay un problema real y que necesita una solución legal. Nosotros no nos doblegamos y exigimos que se legisle», asevera el portavoz de Vox en la Diputación, Sergio Pastor.
En la misma línea, el partido sostiene que «parte de una realidad evidente: en las dependencias administrativas se realizan trámites con efectos jurídicos, se gestionan datos personales y se debe garantizar la seguridad de usuarios y empleados públicos. En este contexto, la identificación visual del rostro no es una cuestión ideológica, sino un requisito básico para evitar suplantaciones, garantizar la seguridad y asegurar el correcto funcionamiento del servicio público».
