El Gobierno de Pérez Llorca invierte 48,2 millones en educación inclusiva frente a la inversión 'fake' de PSOE y Compromís

La Comunidad Valenciana afronta una huelga indefinida de docentes envuelta en una intensa guerra de argumentos políticos, laborales e ideológicos entre la administración y las organizaciones sindicales. En el centro de esta disputa sectorial se sitúa la gestión de la educación inclusiva, un terreno donde la Conselleria de Educación ha respondido a las críticas movilizando sus cifras: una inversión de 48,2 millones de euros destinada a duplicar las aulas para alumnos con necesidades especiales de la anterior legislatura. Este desembolso económico se confronta directamente con el marco normativo heredado de 2018 que, según la documentación técnica del propio Gobierno del Botánico, se tramitó con un coste cero para las arcas públicas.

El actual plan del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca contempla destinar los citados 48,2 millones a la implantación de 118 Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO) a lo largo de esta legislatura, frente a las 56 habilitadas en el anterior periodo ejecutivo de PSOE y Compromís.

De estas nuevas aulas, 82 ya están operativas y otras 36 entrarán en servicio para el curso 2026-2027, elevando el total autonómico a 373 unidades en 2027. Cada una de estas aulas acoge un máximo de ocho alumnos y cuenta con tres profesionales técnicos: un docente de pedagogía terapéutica, un especialista en audición y lenguaje y un educador de Educación Especial.

A este despliegue de infraestructuras le acompaña un notable refuerzo de personal para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Desde el inicio de la legislatura se han incorporado 700 docentes especialistas en inclusión, una plantilla que aumentará con la suma de otras 135 plazas el próximo curso. Además, el Personal no Docente de Apoyo Educativo ha crecido un 37 %, registrando subidas del 41 % en fisioterapeutas, del 12 % en intérpretes de lengua de signos y del 59 % en educadores de Educación Infantil, complementándose con la adición de 22 educadores sociales y 6 terapeutas ocupacionales.

La directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, defiende que estas medidas responden a necesidades reales y presupuestadas del sistema, situando a la autonomía con la menor ratio de orientadores de toda España gracias al incremento de recursos para la orientación académica y profesional.

En el ámbito asistencial, el programa incorpora una inversión anual de cuatro millones de euros para 22 unidades de detección precoz en salud mental, dotadas con 56 psicólogos generales sanitarios que ya han atendido a más de 3.000 menores, junto a un Decreto de Convivencia que regula el uso de teléfonos móviles y que ha reducido en un 60 % los casos de ciberacoso en las aulas.

El 'papel mojado' del Botánico

La solidez de esta inversión contrasta con el modelo de inclusión estructurado en 2018 bajo la dirección del socialista Miguel Soler. La memoria económica oficial del proyecto de decreto de equidad e inclusión, fechada el 23 de octubre de 2017, evidencia que aquella reforma careció de dotación presupuestaria real.

El propio Director General de Política Educativa de la época informó de que los cambios propuestos no eran elementos nuevos, sino una reorganización de los recursos existentes, concluyendo textualmente que el proyecto «no implicará aumento de gasto en el presupuesto de la Conselleria». El documento oficial de la Generalitat certificó una memoria económica «positiva» debido a su coste cero, decretando que la norma no generaría obligaciones económicas para la Administración y debía atenderse exclusivamente con los medios materiales y personales preexistentes.

Esta fiscalización de los recursos coincide con un clima de alta tensión ante la convocatoria de huelga indefinida apoyada por diversas centrales sindicales en la región. Aunque las negociaciones sectoriales comenzaron abordando las condiciones de trabajo, las organizaciones convocantes han vinculado el acuerdo a la revisión de la Ley de Libertad Educativa, exigiendo la derogación de la norma que permite la elección de la lengua base por parte de las familias e insistiendo en la vehicularidad única del valenciano.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico mantiene su oferta de mejoras técnicas, que incluye planes de confort térmico, simplificación burocrática y reducciones progresivas de ratios, mientras colectivos de familias y la asociación Hablamos Español critican la instrumentalización de los menores y el uso de canales institucionales de los centros para difundir proclamas lingüísticas.