El Ayuntamiento de Valencia denunció ante la Generalitat la piscina de 1,2 millones de Alboraya tras la salida de Ribó

Doble movimiento en la instrucción de la causa sobre la presunta construcción ilegal de la piscina municipal de Alboraya sobre una parcela protegida de la ciudad de Valencia. El juez Alberto Jarabo ha remitido una providencia tras saberse que el Ayuntamiento capitalino denunció en 2023 la obra ante la Generalitat Valenciana. Es por ello que pide tanto el expediente municipal como el informe de la administración regional.

Así consta en el documento al que ha tenido acceso El Debate y por el que el magistrado da cuenta, a raíz de la solicitud llevada a cabo por parte de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción, de las diversas solicitudes a raíz de la citada denuncia administrativa.

En un primer lugar solicita al Ayuntamiento de Valencia que aporte el expediente «del Servicio de Licencias Urbanísticas, así como de cualquier documento o expediente relativo a la remisión a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio de datos o informaciones relativas a la construcción de la piscina del Ayuntamiento de Alboraya».

Dicha actuación municipal ha trascendido tres años después y sin que hubiera aún sido determinado en ninguna testifical ni pericial. Hasta el momento se dibujaba el escenario de que la actual administración municipal no había llevado a cabo ninguna actuación interna con el fin de mitigar los efectos de la construcción en terreno de Valencia.

Por otra parte el juez se dirige a la Generalitat Valenciana, a la que le solicita que aporte, a través de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio un «informe de las actuaciones desarrolladas y aporte copia íntegra de los documentos obrantes en sus expedientes relativos a la construcción de la piscina del Ayuntamiento de Alboraya».

Pero ésta no es la única novedad en el caso ya que el magistrado, además de la solicitud llevada a cabo por la representación ejercida por el abogado Víctor Soriano, insta a las partes y a la Fiscalía que informen si procede ampliar seis meses más la instrucción del caso.

Justamente esta solicitud se da casi tres meses después de que la Fiscalía solicitara el archivo de la misma, justificando que «en ningún caso quedan perfilados los elementos objetivos, y sobre todo de culpabilidad exigidos en los tipos penales que se imputan», así como que concretamente de Joan Ribó exigía su liberación del caso «por no haber tenido participación en alguna en los hechos objeto del presente procedimiento».

El magistrado hizo caso omiso a la reclamación y un mes después solicitó nuevos expedientes al Ayuntamiento de Alboraya con respecto a las licencias de obras concretamente otorgadas para esta gran obra que tuvo un coste de cerca de 1,2 millones de euros.

¿Imputada Sandra Gómez?

Curiosamente en el documento judicial consta Sandra Gómez como «imputada», aunque para ello el magistrado debería elevar un suplicatorio ante el Tribunal Supremo, ya que la exvicealcaldesa de Valencia es actualmente eurodiputada. Realmente sí que están procesados el exalcalde de Valencia Joan Ribó, así como el primer edil de Alboraya Miguel Chavarría, la concejal de Urbanismo Ana Bru, la arquitecta municipal Silvia Requeni y el arquitecto del complejo Emilio Conejero.